Mostrando entradas con la etiqueta desaparecidos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta desaparecidos. Mostrar todas las entradas

viernes, 30 de octubre de 2015

Cinco genocidas con pedido de captura fueron apresados el día de la elección.

Detuvieron a represores cuando fueron a votar el domingo

Intentaron ser tomados como simples jubilados que se acercaron a las respectivas escuelas para emitir su sufragio. Se sentían libres, impunes y con ganas de terminar de una vez por todas con esta etapa histórica que tanto los perjudicó. Al menos cinco represores que tenían pedido de captura por su rol durante el terrorismo de Estado fueron apresados el domingo en sus lugares de votación. La justicia los sorprendió, paradójicamente, en pleno acto democrático.

El genocida Bernardo Caballero, alias Ángel, imputado en la megacausa Campo de Mayo fue detenido por orden de la jueza federal de San Martín, Alicia Vence. Tenía pedido de captura pero no había sido localizado. Está acusado de actuar en El Campito, el centro clandestino de detención que funcionó en la gran guarnición castrense durante la represión. Fue trasladado a los tribunales de aquella localidad bonaerense donde el martes fue indagado. Se negó a declarar.

Por otro lado, por orden de Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la Capital donde se investigan los crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército, otros cuatro genocidas, integrantes del Ejército, fueron apresados el mismo día antes de elegir la boleta. Uno de ellos fue el coronel Eduardo Cubas que fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en una escuela de Bella Vista, Corrientes.

Los cuatro detenidos están imputados en la causa "Vesubio" por su rol en la masacre de Monte Grande que ocurrió en mayo de 1977. Se trató de un operativo en el que un grupo de 16 secuestrados fue trasladado a una casa de esa localidad para simular una reunión de militantes de diferentes organizaciones (un absurdo) y así justificar un supuesto "enfrentamiento". Todos fueron fusilados. Al igual que Caballero, los acusados tenían pedido de detención pero no habían sido ubicados por las fuerzas de seguridad con anterioridad.

Franco Mizrahi 29 de Octubre de 2015

viernes, 19 de diciembre de 2014

Tibias condenas por los crímenes en el ccd y e El Vesubio

El Tribunal Oral Federal N° 4 sentenció a los genocidas Jorge Crespi, Federico Minucucci, Néstor Cendón y Gustavo Adolfo Cacivio a la pena de prisión perpetua por su participación en el centro clandestino El Vesubio.

Los cuatro represores fueron condenados como co autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidios, violaciones y tomentos. No obstante, el tribunal no hizo lugar a la solicitud de la querella de Justicia Ya!, que solicitó la condena por genocidio, a pesar de que el país ha incorporado tratados que hacen aplicable esa calificación. La decisión de evitar ese encuadramiento excede el plano jurídico. Un plan sistemático de exterminio encabezado por las Fuerzas Armadas que deja un saldo de 30.000 desaparecidos es un genocidio, si es que las palabras aun conservan algún valor. La resistencia judicial a darle ese encuadramiento a los crímenes de la dictadura implican un encubrimiento de la historia de nuestro país.

Por otra parte, el tribunal hizo lugar a la ampliación de acusación solicitada por homicidios, -entre ellos, los de Julio Diego Guagnini, hijo de la fallecida dirigente de familiares Cata Guagnini, y de Luis Pérez, de Vanguardia Comunista-, pero sólo aceptó incorporar dos casos de delitos sexuales de los once que fueron denunciados por los sobrevivientes en el curso del debate.

Por último, el TOF 4 decidió mantener la prisión domiciliaria de Minicucci y Crespi, a pesar de la solicitud de cumplimiento efectivo de condena en cárcel común. Uno de los genocidas acusados, José Faustino Svencionis, falleció pocos días antes del alegato de nuestra querella.

En el campo de concentración El Vesubio, participaron una centena de genocidas. El listado de represores fue entregado por los compañeros ex detenidos desaparecidos sobrevivientes a la Justicia a penas reiniciados los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, entre el primer juicio por esta causa -que tuvo sentencia en 2011- y este que acaba de finalizar, fueron juzgados apenas once genocidas. El juez de instrucción a cargo, Daniel Rafecas, aún no elevó a juicio estas actuaciones por lo que un nuevo tramo de la causa, que se realizará en no menos de dos años.

La justicia a cuentagotas garantiza impunidad.
(apel)

sábado, 29 de noviembre de 2014

Juicio Vesubio II: Alegato de Justicia Ya!

La querella de Justicia Ya! que representa, entre otros, a la Asociación de ex detenidos desaparecidos, la Asociación Anahí y la AGD-UBA concluyó hoy el alegato donde pidió se condene a prisión perpetua por genocidio a Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón y Federico Antonio Minicucci, en el marco del juicio Vesubio II.

El debate oral fue por 204 casos de compañeros detenidos desaparecidos que estuvieron secuestrados en el CCDTyE EL Vesubio ubicado en Ricchieri y Camino de Cintura.


Los abogados de la querella, Liliana Alaniz (APeL) y Mariano Delli Quadri (CADEP) requirieron condena por genocidio y manifestaron que los delitos sexuales son al igual que la tortura, la desaparición forzosa y el homicidio parte de los delitos que lo constituyeron.

Al mismo tiempo puso de manifiesto que es obligación del estado de dar cuenta de lo ocurrido con cada uno de los compañeros, resaltando que cuenta con las herramientas necesarias para proceder a la apertura de los archivos de la dictadura. “Abiertos los archivos, sabremos, quiénes fueron los responsables, donde están los hijos y qué ocurrió con los compañeros desaparecidos.”

En el cierre, se rindió un homenaje a la compañera Catalina Guagnini, fundadora de Familiares de detenidos por razones políticas y militante del Partido Obrero, quien murió en 2004, sin saber qué fue de su hijo Diego,  caso en este juicio, y en ella a todos aquellos que no cejaron en la lucha.

“Cata Guagnini  abrazó la causa y la militancia organizada en el socialismo revolucionario, mientras desplegaba su lucha decidida por las libertades y contra la opresión dictatorial, que le sustrajo no solo a Diego, sino también a su otro hijo, Luis.

 Pero nunca trazó una línea divisoria entre una y otra lucha. En definitiva, detrás del crimen, de la desaparición y de la tortura estaba un régimen social fundado en la explotación del hombre por el hombre.”, recordó Alaniz.

Destacando que durante la dictadura hubo una militancia activa que la enfrentó, homenajeamos a todos los luchadores obreros, socialistas y revolucionarios y a todos los militantes populares que la combatieron, por la independencia frente al Estado y la lucha contra la cooptación de los movimientos de derechos humanos.

Coronel Cacivio: “Acá yo soy el amo y señor de la vida”

Abrumadores testimonios durante el alegato de la querella por los juicios de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención El Vesubio.

La Querella que agrupa a varias agrupaciones de derechos humanos, el jueves 20 de noviembre, acuso por delito de genocidio y pidió prisión perpetua para los imputados Gustavo “El Frances” Cacivio, Néstor “Castro” Cendón, Federico  Minicucci y Jorge Crespi  por 204 casos de detenidos desaparecidos que pasaron por el centro clandestino de detención y exterminio que se encontraba en Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, conocido  como  El Vesubio.
El Vesubio  fue escenario de aberraciones inhumanas, que en un extraño y atroz modo justificaban su accionar en una especie de aleación que  fundía  una supuesta postura ideológica y con la exaltación por la fe cristiana sostenida en el antisemitismo, donde los abusos sexuales contra las jóvenes detenidas se desataban continuamente, representando una forma de exterminio en sí misma. Más allá de que el jefe del Vesubio, el coronel Cacivio, se mostrara en contra de este tipo de abuso “en este lugar no se viola, porque  en este lugar yo busco mantener la vida moral y cristiana. Mataría a quien te violo”, se lo oyó decir frente a una detenida, que había sido tan brutalmente violada que orinaba sangre.
Cacivio era apodado “El Frances” y fue la persona que decidía sobre la vida y la muerte en el Vesubio, era quien  afirmaba “acá yo soy el amo y señor de la vida, así que canta”. La acusación contempla 27 casos de homicidios y 11 casos de abusos sexuales.

Había que destruir por dentro, con la carne no bastaba, era necesario degradar hasta deshumanizar, agudizar la humillación hasta el quebranto, vulnerar todo lo que sea posible vulnerar, con desfigurar los rostros de las mujeres y cubrir de picana y  golpes los cuerpos no alcanzaba, los verdugos debían ir por mas…
“Ustedes son el demoño y por eso las vamos a castigar”, “judía hija de puta que elegís picana o violación?” la voz de la querella detonaba contra los oídos de los presentes. Los testimonios continuaron “si no hablas, va a venir el Oso que es especialista en violación”, “trajeron una jaula con una rata, me la pusieron  en la panza y me dijeron que estaba hambrienta y que si no les daba  un nombre me la iban a meter por la vagina para que me coma por dentro”. Hubo un especial ensañamiento con las mujeres, que en muchos casos sofrieron embarazos y abortos forzados, la violencia sexual era una práctica habitual.
“tenía 12 años, acecinaron a mi madre y me secuestraron. Cuando abusaron de mi estaba transitando mi segunda menstruación”
Los alegatos crudos, soltados por la querella, ocupaban el Salón de Usos Múltiples de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, recordando la materialización del espanto perpetrado por el propio Estado Nacional en manos de una dictadura cívico  militar, que combatía eso que  llamaban “la subversión”, mediante tormentos que resultan muy difíciles de emparentar con su tan mentada fe cristiana.

La audiencia fue presenciada por Jorge Watts, sobreviviente del Vesubio, ex militante de Vanguardia Comunista y primer testigo de la querella en los primeros juicios del centro clandestino de detención de La Matanza, en 2010. “Esta es la segunda parte de los juicios del Vesubio y hay una tercera que está en instrucción a cargo del Juez Daniel Rafecas, ahí hay más identificados que aun no están detenidos” marco Watts, quien también afirmo que “ hasta ahora hemos condenado a casi 600 represores, lo que  es muy poco, porque en el país entre el 75 y el 83 funcionaron 600 centros clandestinos de detención, es decir, condenamos a menos de 1 por centro y según nuestras investigaciones hay 20.000 implicados en participación directa, entre fuerzas armadas y fuerzas de seguridad”.

El periplo atravesado por los ex detenidos, sus familiares y los organismos de derechos humanos sufrió numerosos vaivenes durante el transcurso de la democracia, desde los primeros juicios, durante 1983, pasando por las leyes obediencia debida, el punto final y la posterior reapertura de los juicios, a partir de 2003.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Inician alegatos de las querellas por los crímenes cometidos en el ccd y e El Vesubio

Minicucci, uno de los jefes del centro de exterminio El Vesubio
Pedido de prisión perpetua para cinco

Cuatro militares retirados y un ex miembro del Servicio Penitenciario Federal están siendo juzgados por secuestros y torturas a más de 200 víctimas que estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionó en La Matanza.

 Por Ailín Bullentini

La querella unificada que comparten el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el equipo jurídico KAOS y los abogados Pablo Llonto y Liliana Mazzea solicitó al Tribunal Oral Federal número 4 que pene con prisión perpetua a cuatro militares retirados y un ex miembro del Servicio Penitenciario Federal por secuestros y torturas cometidos contra más de 200 víctimas en el marco del segundo juicio que se lleva a cabo por delitos de lesa humanidad sucedidos en El Vesubio, centro clandestino de detención que funcionó en La Matanza, corazón del oeste bonaerense. En el alegato también se exigió que se investigue la complicidad del ex capellán del Ejército Emilio Graselli y la comisión de delitos contra la propiedad contemporáneos a las violaciones a los derechos humanos.

“Consideramos que la hipótesis acusatoria que planteamos al requerir la elevación a juicio ha sido corroborada a lo largo del debate: todos los imputados deben ser condenados por delitos de lesa humanidad”, advirtió la querella al iniciar su alegato. La exposición, de más de 100 hojas, recorrió particularidades de algunos entre las decenas de casos representados por la parte, explicó el funcionamiento del centro clandestino y los roles de los imputados en el plan clandestino de represión. Los secuestros, las torturas y tormentos, los delitos sexuales, la discriminación y los homicidios constituyeron una misma “unidad de acción” de los imputados dentro de El Vesubio.

Gustavo Cacivio y Jorge Crespi cumplieron tareas de inteligencia para el Ejército. Crespi, de sobrenombre Teco, fue jefe de esa área en la brigada décima, bajo cuya órbita funcionó El Vesubio, y titular de la Central de Reunión de Información, una base de datos respecto de militantes que unificaba la labor de inteligencia de toda la zona. Cacivio fue jefe del centro clandestino de detención en análisis, pero no fue el único espacio en el que se desempeñó como brazo operativo del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Hace un mes fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha.

Federico Minicucci y Faustino Svencionis fueron jefes de Area del Regimiento III General Belgrano con asiento en La Tablada. Tuvieron, según el alegato, “responsabilidad directa e indelegable de las actividades” que sucedieron en el marco de la por los genocidas llamada lucha contra la subversión. Svencionis falleció el jueves, pero la querella unificada solicitó condena para él en función del “derecho a la verdad de las víctimas”. Néstor Cendón fue nombrado subayudante con funciones en la Dirección General del Cuerpo Penitenciario y mantuvo ese cargo hasta el cierre del centro clandestino. Su alias era Castro. Para todos, la querella pidió prisión perpetua. Además, solicitó que ordene una investigación sobre la responsabilidad de Graselli en lo sucedido en El Vesubio, así como los delitos contra la propiedad. “De los relatos escuchados en el juicio surge que las casas de las víctimas fueron saqueadas, que en muchas oportunidades se quedaron con las propiedades, que pedían dinero a cambio de la liberación de los familiares que finalmente no se producía”, explicaron desde el CELS.

domingo, 14 de septiembre de 2014

Ampliamos acusaciones por homicidios y delitos sexuales

El 4 de septiembre con la querella de Justicia Ya! formulamos la ampliación de acusación contra los  genocidas Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón, Faustino Svenciones y Federico Minicucci que están siendo juzgados en este segundo tramo del juicio por los crímenes cometidos en el campo de concentración El Vesubio.

El objeto de la presentación es que los genocidas respondan no sólo por los delitos de tormentos y privación ilegítima de la libertad por los que llegaron a la instancia de juicio oral, sino también por los homicidios de 26 compañeros -entre ellos, el de Diego Guagnini, hijo de nuestra compañera Cata Guagnini- y por los delitos sexuales cometidos contra una veintena de compañeras cautivas en el Vesubio. Estos crímenes fueron revelados en el curso del juicio oral a través del testimonio de familiares y sobrevivientes.

La fiscalía, conducida por Alejandro Alagia, solamente amplió por tres homicidios y tres abusos sexuales por considerar que fueron los casos que se ajustan a los requisitos exigidos por el código procesal. Mientras nuestra querella pretende no quitar del universo a ser juzgado los crímenes en los que se tiene conocimiento por haberse hallado los cuerpo o bien porque algún compañero fue testigo del asesinato –porque vio el cadáver de la víctima, por ejemplo- , la fiscalía limita esta posibilidad, aún cuando de sus propios argumentos debió haber ampliado por todos los casos. El planteo de la fiscalía conduce a que el juzgamiento de esos crímenes sea diferido a otro juicio, para el cual habrá que esperar varios años, luego de casi cuatro décadas de impunidad.

La fragmentación surge desde la misma instrucción de los juicios de lesa humanidad. Rafecas, el juez a cargo de la investigación de El Vesubio, no permitió elevar a juicio homicidios que eran conocidos por haber sido recuperados los cuerpos por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los tecnicismos empleados por los jueces redundan en una extorsión para los querellantes, familiares y organismos de derechos humanos, ya que la única manera de subsanar esta situación es pedir que no se inicien los juicios porque la instrucción  -la etapa preparatoria- no está completa, lo que dilata más aún los juicios. 

El tribunal Oral Federal N° 4 oyó los fundamentos de las partes y recibirá declaración a los cuatro genocidas. Ahora resta esperar por cuáles casos hará lugar a la ampliación de acusación.

La ampliación de las acusaciones como también evitar que los juicios sigan siendo fraccionados, con instrucciones eternas que afectan los derechos de las víctimas, convidado de piedra del sistema penal y garantiza la impunidad de los genocidas, solo ser revertirá con una decisión política de Estado de proceder a la apertura de los archivos y no solo valerse de el aporte de sobrevivientes, víctimas y organismos de derechos humanos.

miércoles, 11 de junio de 2014

Mansión Seré: dos hermanas contaron cómo eran las redadas policiales

Susana y María Cecilia vivían en el barrio Pujadas de Morón. Contaron que allí, una vez por semana, la policía realizaba detenciones arbitrarias. Son hijas de la militante desaparecida María Cecilia Almada. Susana, además, estuvo secuestrada y reconoció a dos de los ocho imputados.

Por: Juan Manuel Mannarino

En el circuito represivo del Oeste, durante la última dictadura cívico militar, el centro clandestino “Mansión Seré” fue el centro neurálgico. Funcionó articulado con la Primera Brigada Aérea de Palomar, la VIIª Brigada Aérea de Morón y las comisarías de Castelar, Haedo, Moreno y la 1ª de Morón. En la audiencia de hoy, declararon Susana Ávalos, que estuvo secuestrada, y su hermana Cecilia, que no fue detenida pero declaró varias veces ante personal policial. La madre de ambas, María Cecilia Almada, también fue secuestrada y está desaparecida. Sobre este caso, prestaron testimonio y dieron detalles de las redadas policiales en el barrio Pujadas de Morón, donde vivían.

 “Mansión Seré” era una vieja casona estilo europeo de dos plantas ubicada entre las localidades bonaerenses de Ituzaingó y Castelar. Susana Ávalos fue secuestrada a sus 18 años en la Primera Brigada Aérea de Palomar y en la Comisaría Tercera de Castelar. Allí se cruzó con su madre, que fue detenida el 16 de octubre de 1976, un mes antes que ella. Madre e hija compartieron cautiverio durante un mes. El detalle de los testimonios radicó en que señalaron a “Mansión Seré” como centro transitorio de tortura. Susana explicó que en noviembre de ese año fue trasladada hacia ese lugar, donde fue sometida a violaciones y vejámenes de todo tipo, y que luego regresó a su centro de detención. Es decir: que Mansión Seré recién empezó a funcionar como centro clandestino en diciembre, y que meses antes, para los represores, fue un lugar de tránsito.

Tanto Susana como Cecilia Ávalos declararon por primera vez en un juicio por delitos de lesa humanidad. Dijeron que estaban esperando esta oportunidad hace 38 años. A la hora de recordar a su madre, comentaron que había sido secuestrada cuando tenía 50 años y que era militante peronista. Que vivían en el barrio Pujadas, lindante a la Villa Carlos Gardel, en la localidad de Morón.

Susana fue violada varias veces. Reconoció a dos de los ocho imputados como los que la interrogaron en los centros clandestinos: el ex cabo y ex auxiliar de la Fuerza Aérea, Héctor Oscar Seisdedos, y el ex cabo Daniel Alfredo Scali. Dijo que fue liberada pero que una vez por semana debía concurrir al Hospital Posadas a declarar sobre si realizaba actividades políticas. Y que su madre fue derivada hacia el centro clandestino “El Vesubio”. En diciembre de 1976 fue la última vez que la vieron con vida.

Al declarar sobre los operativos policiales en el barrio Pujadas –que debía su nombre como homenaje a uno de los presos fusilados en Trelew en 1972-, revelaron que la Fuerza Área hacía redadas una vez por semana y realizaba detenciones arbitrarias. En aquella época vivían diez mil personas  y el barrio era centro de actividades políticas: no sólo de la resistencia peronista sino también de la militancia comunista y socialista. Allí fueron detenidos, entre otros, los padres de Victoria Donda: es uno de los 97 casos que se tratan en este juicio.

miércoles, 4 de junio de 2014

Perfil de Gustavo Cacivio El Francés, un represor que escuchaba música clásica en la tortura

El juzgado federal de instrucción 3, de Daniel Rafecas, dictó su procesamiento como jefe del centro clandestino "El Vesubio". Unos meses antes había sido detenido por su rol en "La Cacha". En ambos juicios se buscará probar si "El Francés", que comandaba tanto los interrogatorios como las operaciones de infiltración de las organizaciones guerrilleras, es Gustavo Adolfo Cacivio.

Por: Laureano Barrera

El “Francés” –un hombre alto, fornido, de bigote recio, que no alcanzaba los cuarenta años- puso la cinta en el pasacasete. Sonrió por unos segundos, cuando empezó a sonar una ópera, o tal vez una sonata o una sinfonía. Después se puso serio y apagó el reproductor.

–¡Este ya lo trajiste tres veces!- gritó enfurecido.

Le tiró el casete en la cabeza a Néstor Cendón, un penitenciario que había estado preso en Caseros por robo y le habían dado la opción de “regenerarse” integrando la patota. Él y los demás salieron de la casa sin congraciarse con el jefe de “El Vesubio”. Siempre que salían a “chupar” gente, “reventaban” una casa y se llevaban las cosas de valor, tenían la previsión de separar para él los discos o casetes de música clásica.

“El Francés era un tipo muy culto, que andaba siempre perfumado y le gustaba la música clásica: la patota le llevaba discos y casetes robados y él los escuchaba en el chupadero”, rememora 36 años después Jorge Watts, en diálogo con Infojus Noticias. El testigo, de memoria prodigiosa, sobrevivió 53 días en El Vesubio y siete largos meses en dos cárceles a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

En agosto de 2010, después de un año de cotejar pruebas y testimonios, la justicia federal concluyó que el “Francés” era el coronel retirado Gustavo Adolfo Cacivio. El juzgado federal de instrucción 3, de Daniel Rafecas, dictó su procesamiento como jefe del centro clandestino desde enero hasta septiembre de 1978, la tercera y última fase operativa del campo de concentración en el que fueron fusilados y desaparecidos más de mil personas. La Cámara de Apelaciones confirmó la medida.

En ese momento, estaba juzgándose –luego serían condenados- a siete generales y guardias de los dos primeros años de funcionamiento del centro clandestino, entre 1976 y 1977. El jefe anterior, Pedro Durán Saenz -alias “Delta”-, murió el 6 de junio de 2011, un mes antes de la sentencia. A fines de 1977, los generales del Primer Cuerpo decidieron su reemplazo: no porque violara a las detenidas, sino porque una de ellas –aprovechando un descuido- telefoneó a su casa y habló con su esposa. El asesino cayó en una depresión y tuvieron que hacerle un lavaje de estómago en el Hospital Militar para salvarlo del frasco de pastillas que se había tomado.

El Francés lo reemplazó con apenas 34 años, y ningún sobreviviente ha podido olvidarlo. Ahora, además de juzgar a los ex coroneles Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, y al ex penitenciario Cendón, el Tribunal Oral Federal N°4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández- deberá dilucidar Cacivio integra el banquillo de los sospechosos junto para dilucidar si el nombre y el apodo hablan de la misma persona.

La Cacha

Y sin embargo, Cacivio no fue detenido por su presunta gestión funeraria al frente de El Vesubio. La justicia federal de La Plata, que también le seguía los pasos, se anticipó y lo detuvo el 20 de febrero de 2010 entre un grupo de doce policías, penitenciarios y agentes de inteligencia que habían operado en La Cacha. El juez Manuel Blanco puso el acento en el rol vital del Destacamento de Inteligencia 101 en el funcionamiento de ese campo de concentración de las afueras de La Plata.

Cacivio era un capitán de Infantería incorporado a la Centra de Reunión de Información (CRI) de ese destacamento el 23 de diciembre de 1975, después de haber hecho el curso número 5 “Técnico de Inteligencia” en la escuela de Inteligencia del Comando de Institutos Militares del Comando General del Ejército, del que había egresado con “Aptitud Especial de Inteligencia”. En 1977, sus tres jefes en el Destacamento lo consideraron “uno de los pocos sobresalientes para su grado”. “Quienes tenían la condecoración de ‘aptitud especial de inteligencia’ eran quienes diseñaban los interrogatorios: elegían las preguntas y las maneras de preguntar, analizaban esa información y decidían qué seguía, aunque no implica en modo alguno que no pudieran manejar la picana”, graficó a esta agencia una fuente judicial que ha estudiado los protocolos durante la dictadura de la inteligencia militar.

Durante 1977, El Francés estuvo dedicado a operaciones de infiltración de las organizaciones guerrilleras en La Plata, logrando la “colaboración” de algunos secuestrados a fuerza de torturas, amenazas de muerte y promesas de liberación que nunca cumplió. Para esas operaciones -que incluyeron un régimen enloquecedor de visitas entre los secuestrados y sus familias- utilizó como base la Brigada de Investigaciones y el nombre de cobertura “Federico Asís”. A fines de 1977, cuando ya no servían esas simulaciones demenciales, les pidió muchos dólares a las familias para sacar a los secuestrados del país. Todos fueron asesinados.

El ex detenido Ricardo Victorino Molina, un delegado de la fábrica Kaiser Aluminio secuestrado en su casa el 14 de abril de 1977, vio al Francés comandando el rapto. Llevaba una campera de buzo, botas y ropa de combate. Era rubio, alto, de pelo corto y tenía “una voz muy imperiosa” y “metálica”, que volvió a oír en la sala de torturas de La Cacha dirigiendo el interrogatorio.

Unos días antes de que lo llevaran a la comisaría 8va de La Plata para empezar a legalizar su detención, el Francés lo llevó a una casa rodante que estaba fuera del edificio principal, y le pidió que se levantara la venda:

- Mirame a la cara, yo soy el que te detuve, el que te secuestré y torturé, mirame bien porque si nos encontramos en la calle, tirame primero porque sino te voy a tirar yo.

Pocos días después, lo llevó desde la Cacha a la Brigada de Investigaciones a ver a su mujer Liliana Galarza que había parido a su hijo en cautiverio. “Soy yo”, les dijo, simplemente, a los guardias de la entrada.

Ahora, Cacivio debe repartir sus excursiones semanales de la cárcel a los estrados de la justicia federal entre La Plata y Comodoro Py: los miércoles y los viernes ocupa el banquillo por los crímenes de La Cacha; los jueves por el juicio Vesubio II.

Vesubio

El Vesubio era un predio pensado para el recreo de la oficialidad penitenciaria que empezó a operar como centro clandestino a mediados de 1975 en el cruce del Camino de Cintura y la autopista Ricchieri. Eran tres chalets coloniales de tejas rojas: en uno vivían los represores y se reunía la Central de Reunión de Inteligencia –que manejaba el campo-, en otro estaban las salas de tortura, y en el tercero los secuestrados. Por último, había una habitación prefabricada llamada la sala Q: muchos conjeturan que el nombre se debía a que ahí estaban los detenidos “quebrados”, que tenían más comida y cigarrillos.

La participación de “El Francés” en la ruta de la desaparición era completa: comandaba algunos secuestros, participaba de casi todos los interrogatorios y decidía quién sobrevivía y quién no. Tanto tiempo después, en el proceso que se lo enjuicia, ya no cultiva esa vanidad. Más bien lo contrario. El 15 de mayo, después de recordarlo “elegante, culto, cristiano”, Alejandra Naftal dijo “creo que lo estoy viendo, allá en el fondo. El señor que me esquiva la mirada. Yo recuerdo  su cara, como un dibujo tridimensional”. Siete días más tarde, Adrián Brusa contó que tuvo tres conversaciones con él sin la capucha. Mirando a Cacivio, dijo: “es una cara que no me olvidar más, está ahí. Es el ‘Francés’”.

En la última audiencia, el jueves pasado, Jorge Watts relató ante el TOF 4 las penurias que pasó ahí.

–En un momento me pusieron un caño redondo en la boca, y como la electricidad contrae los músculos, me rompí todos los dientes de arriba mordiendo el metal. Sentía como se rompían uno por uno, lo único que podía hacer era escupirlos para no tragarlos- relató.

Watts, que actualmente dirige Memoria Abierta y entonces militaba en Vanguardia Comunista, afirma que cuando los interrogadores no conocían bien a la víctima –como era su caso-, buscaban en las sesiones interminables de tormentos, dos cosas: “que te autoincriminaras, por eso muchas veces te preguntaban lo mismo, y que cantaras a compañeros”.

A mediados de septiembre de 1978, con los rumores de la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), los jefes del El Vesubio decidieron desmantelarlo. El Francés arengó como si fuera parte de un Comando Anticomunista

Sobre el final de su alocución, mirando hacia donde estaban los imputados, Watts dijo:

–Yo quiero decirle a los jueces de este tribunal y a todos los presentes en la sala: la inteligencia de estos criminales no era la de Sherlock Holmes, sino la de Jack El Destripador.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Los militares de El Vesubio van a la cárcel

Casación aula el benificio de prisión domiciliaria.

 Por Ailín Bullentini

La Cámara Nacional de Casación Penal revocó el beneficio de prisión domiciliaria de Hugo Pascarelli, el represor condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio que gozaba de ese privilegio. Su vuelta a prisión, según el fiscal federal Félix Crous, “es inminente y fatal”, ya que “Casación deberá actuar tal como lo hizo en el caso de Humberto Gamen”, a quien también le revocaron el beneficio de prisión domiciliaria, rechazaron la intervención de la Corte Suprema y ordenaron su traslado inmediato a la cárcel.

La defensa de Pascarelli aún está a tiempo de presentar un recurso extraordinario ante Casación para que el hecho sea tratado por la Corte Suprema. Sin embargo, la Cámara “no puede obrar de una manera diferente en dos casos que son iguales”, aseguró Crous.

Gamen y Pascarelli fueron los únicos militares retirados condenados por lo ocurrido a personas que pasaron por El Vesubio, un centro de secuestro, tortura y muerte ubicado en el cruce del Camino de Cintura y la autopista Riccheri, que funcionó durante la última dictadura. No había terminado el juicio oral en el que recibieron su pena cuando su máximo jefe, Pedro Alberto Durán Sáenz, falleció. Un mes después de la condena, el Tribunal Oral Federal Nº 4 que los había sentenciado, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, José Gorini y Pablo Bertuzzi, accedió al pedido de prisión domiciliaria que ambas defensas realizaron. “Edad y estado de salud argumentaron. Pascarelli tenía achaques de la vejez, pero manejaba su propio auto, así que mal no estaba”, detalló Crous.

El fiscal presentó un recurso de Casación para que la Justicia retrocediera en el privilegio a ambos represores. La Cámara sólo actuó en el caso de Gamen. Crous, entonces, llevó al TOF Nº4 pruebas de que Pascarelli violaba el beneficio y salía de su domicilio. “Cuando el tribunal, por fallo dividido, Bruglia votó en contra, decidió que esas pruebas no eran razón suficiente para el revocamiento, acudí a Casación nuevamente. Entonces mandaron a controlar si el genocida estaba en su casa. Tocaron el timbre y no estaba”, relató el fiscal. A principios de mes, la Cámara dio curso al recurso de Crous y anuló el privilegio a Pascarelli.

A fines de diciembre de 2011, Casación envió a la cárcel común a Gamen, rechazando el recurso extraordinario que su defensa había presentado para elevar el diferendo a la Corte Suprema. “La decisión de Casación respecto del caso de Gamen sentó un precedente. No pueden actuar de manera distinta en el caso de Pascarelli”, explicó el fiscal federal que actuó desde el inicio del proceso. Es probable que la defensa de Pascarelli utilice los recursos conocidos judicialmente como “de queja” ante la máxima autoridad de Justicia para seguir gozando de su detención en su casa, pero “es improbable que les den lugar. Su destino en una prisión es inminente y fatal”, sentenció Crous.

miércoles, 7 de marzo de 2012

Revocan el beneficio de prisión domiciliaria para el represor Pascarelli

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al pedido de una fiscalía para no conceder esta comodidad al coronel retirado, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio.

La Justicia denegó un pedido de prisión domiciliaria para beneficiar al represor Hugo Pascarelli, condenado el 14 de julio del año pasado a reclusión perpetua en el marco de la investigación sobre crímenes cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio.
En concreto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal federal Félix Pablo Crous contra la concesión de la prisión domiciliaria de Pascarelli. A fines de 2011, la misma sala había hecho lugar al recurso interpuesto contra la concesión del arresto domiciliario a Humberto Gamen, superior inmediato de Pascarelli, condenado a perpetua en el mismo juicio.

Pascarelli violó la detención domiciliaria cuando salió de su casa para ser atendido en el Hospital Militar, conduciendo su propio vehículo, lo que incluyó una visita al paseo de compras Solar de la Abadía para tramitar el nuevo DNI.
Poco tiempo después, no fue encontrado en su casa de Barrancas de Belgrano, en una visita sorpresiva de control.
Sin embargo, los jueces Pablo Beruzzi y Néstor Costabel, integrantes del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, que lo juzgó y debe controlar la ejecución de la pena, entendieron que no había violado la detención domiciliaria, con la disidencia del juez Leopoldo Bruglia, quien opinó que debía revocarse el beneficio. Contra esa decisión el fiscal Crous recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal, que le dio la razón.

El coronel retirado Pascarelli se desempeñó como jefe del Área 114 -partido de La Matanza y aledaños-, dentro de la cual estaba enclavado el centro clandestino de detención El Vesubio así como en cementerios municipales en los cuales fueron inhumados de manera clandestina cadáveres NN de víctimas del terrorismo de Estado.

También fue alumno, y luego segundo jefe de curso, en el Colegio Interamericano de Defensa, dependiente de la Junta Interamericana de Defensa, en los años de las últimas dictaduras de América Latina.

Como consecuencia de la investigación judicial sobre los crímenes cometidos en El Vesubio fueron condenados a perpetua Gamen, debido a 22 homicidios agravados y 44 casos de privación ilegítima de la libertad, entre otros cargos. Pascarelli, a su vez, fue sentenciado a reclusión perpetua acusado de tres homicidios agravados y 15 imposiciones de tormentos y casos de privación ilegítima de la libertad.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Los otros efectos del terror

El testimonio de Gabriela Fernanda Taranto, hermana de una desalarecida en El Vesubio"

En mayo de 1977, Rosa Taranto, embarazada de siete meses, fue secuestrada junto a Horacio Altamiranda y su hermana mayor. Ella nunca apareció; su hermana sí, pero murió a los 39 años. Cristian, hijo de Rosa, también falleció trágicamente.
Por Alejandra Dandan

El presidente del Tribunal Oral Federal 2 porteño le pidió que contara todo lo que supiera sobre el secuestro de su hermana Rosa Luján Taranto, una de las 154 víctimas del centro clandestino El Vesubio. Gabriela Fernanda Taranto se había sentado en la sala de audiencias de Comodoro Py, donde estos días se reinician los debates orales en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura. Como pudo, empezó a explicar lo que pasó ese 13 de mayo de 1977, en un barrio obrero de Florencio Varela, cuando ella tenía entre cinco y seis años: “Mi hermana vivía con su marido y dos nenes y estaba embarazada de siete meses”, explicó. “La noche que desapareció, por lo que después nos dijo mi otra hermana que estaba con ellos, entraron y rompieron todo, sacaron a los chicos, una persona agarró la foto del abuelo paterno, se la dio a un vecino y le pidió que se los entregara a ellos. Después los encapucharon, los subieron a los autos y se los llevaron.”

Con muchos de los datos en blanco y una historia armada con borradores, Gabriela dijo que mientras tanto ella estaba en la casa de su madre, en el barrio La Carolina, cerca. Su hermana Rosa vivía con Horacio Altamiranda en Villa Mónica, un barrio obrero; él era delegado en una fábrica y ambos militaban en el PRT-ERP. Cuando los secuestraron, la tercera hermana estaba con ellos y se la llevaron también. Primero, posiblemente, a la comisaría de Florencio Varela y luego, a El Vesubio. Tenían 19 y 20 años.

“Lo que no sé es cuántos días pasaron –dijo–, porque una madrugada apareció mi hermana mayor descalza, golpeando la puerta de casa, diciendo que se habían llevado a mi otra hermana.” Llovía, recordó. Y no dijo más nada. Esa hermana les contó que se los habían llevado secuestrados. “No sé por qué a ella la largaron, lo que nos contó es que sintió el ruido de una tranquera y ruido de campo, digamos, era lo único que nos decía, no tenía más precisión.” Esa hermana más grande murió de HIV a los 39 años. Cuando la fiscalía intentó preguntar a Gabriela si creía que también eso era una consecuencia de lo que había pasado, dijo: “Obvio”.

“Yo estaba en primer grado. Una noche estaba con mi mamá, estábamos solas, entraron. Me acuerdo patente del coche porque la casa estaba como en un descampado, se sentían de noche los ruidos, el ruido del auto, portazos, botas y bueno: la puerta voló.” Gabriela estaba acostada. “Me acuerdo de uno arriba de la cama, con la ametralladora me estaba apuntando en la cabeza, los otros tiraban ropa, fotos, buscaban armas, no sé si mataron al perro de mi hermana que se había traído mi mamá.” Se fueron, pero ellas empezaron a ser vigiladas. “Cuando mi mamá fue a la comisaría de Florencio Varela a preguntar, le dijeron, disculpe la expresión –aclaró–, que se dejara de romper las pelotas, que no la busque directamente.”

Recorrieron hospitales y comisarías. Presentaron hábeas corpus. Y volvieron a escuchar los golpes en la casa: “Esta vez fue más fuerte. Entraron tirando todo, golpeando más violentamente; me volvieron a apuntar con una ametralladora en la cabeza, le dijeron a mi mamá que se dejara de romper las pelotas, que no la busque más porque no existía”. Si seguía adelante, iban a matar además a la mayor, que a esa altura por seguridad vivía con su padre. Y a la “guachita esa que tenés en la cama”.

“Mi mamá siguió buscándola por todos lados pero nunca más supimos nada –dijo Gabriela–: tenía un amigo, pero tampoco lo vimos más, nunca más volvió. Directamente, como si se lo hubiese tragado la tierra.”

Gabriela supo algo de lo que sucedió con su hermana a través de las pocas sobrevivientes de ese año en el centro clandestino. Entre otras, Susana Reyes, que también estaba embarazada. “Me contó que las dos, entre comillas, se hicieron amigas y charlaban mucho; que les habían cortado el pelo por los piojos; que con la panza que tenían la ropa les quedaba muy ajustada; que dependía de las guardias si podían bañarse o comer.” A Rosa la trasladaron a dar a luz a la maternidad clandestina de Campo de Mayo. “Me contó Susana que Rosa estaba contenta porque le habían dicho que cuando naciera el bebé se lo iban a dar a mi mamá, cosa que nunca pasó.”

Alguna de las sobrevivientes del campo dijo además que pese a que ese bebé estuvo poco tiempo con Rosa, ella alcanzó a llamarla María Luján. Luego se la quitaron. Se supo que el Movimiento Familiar Cristiano la entregó en adopción; una familia la adoptó legalmente y, ya con el nombre de Belén, la alentó a que buscara sus orígenes. En 2005, ella llamó al 0800 de Abuelas de Plaza de Mayo; en 2007 se estableció su identidad y hoy trabaja con Abuelas de la provincia de Córdoba.

Sus dos hermanos más grandes, Cristian y Natalia, terminaron la noche del 13 de mayo en lo de sus abuelos paternos. Irma Rojas los crió pero Cristian –dice ahora la abuela– siempre estaba caído, como preguntándose para qué vivía sin la presencia de sus papás. Dejó a la abuela. Una y otra vez caía detenido. La última vez cayó preso en la comisaría de Florencio Varela, tal vez la misma que una y otra vez aparece en el relato de su tía, donde podrían haber estado sus padres secuestrados antes de El Vesubio, donde su abuela había ido a preguntar por ellos y escuchó aquello de “déjese de hinchar las pelotas”. Irma Rojas no sabe todavía bien qué es lo que pasó esa última vez. Hubo un incendio: “Dicen que empezó con un cigarrillo, y se quemaron los colchones, eso me dijeron en la comisaría. Cuando me llaman del hospital y voy, me dicen que él estaba muy mal y quemado, que los colchones están hechos con un material que se quema en un minuto, tenía las manos quemadas, las piernas, la cara, pero más fue por el humo que tragó”, le cuenta a Página/12. Cristian murió a mediados de los ’90, dos días después del incendio. Su abuela cree que el humo potenció un problema que había empezado a tener en los pulmones por los golpes recibidos cada vez que la policía lo detenía.

Nadie preguntó si todo esto debe medirse entre los efectos de la represión. Hasta ayer, Cristian era uno de los nombres que aparecían entre los “prófugos civiles” del registro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

El trabajo de nombrar a los desaparecidos

Luis Fonderbrider y Patricia Berardi, del EAAF, declararon en el juicio de El Vesubio

Los miembros del Equipo de Antropología hablaron de su intervención en la identificación de cuerpos de la masacre de Monte Grande y el triple homicidio de Del Viso, dos episodios en los que había víctimas que estuvieron secuestradas en El Vesubio.

Por Alejandra Dandan

Esta vez el ingreso al infierno se hizo desde los cementerios. Los cementerios del conurbano bonaerense aparecieron como los territorios a los que se destinaba parte de los secuestrados de los centros clandestinos de la provincia. Y uno de los engranajes desde donde se operó el trabajo estructural de la desaparición. Dos integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reconstruyeron en la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py cómo dieron cuerpo y nombres a muchos de quienes permanecieron alojados en El Vesubio. Entre otros, los fusilados de la masacre de Monte Grande. Y de Laura Feldman, la estudiante del Carlos Pellegrini cuyo cuerpo fue identificado junto con otras cuatro personas tras la apertura del juicio.

Luis Fonderbrider juró decir la verdad antes de sentarse, frente a la platea vacía de los acusados: ninguno de los represores de El Vesubio estuvo en la sala. Sólo permanecieron dos de los múltiples abogados defensores, uno de ellos dedicado durante buena parte de la audiencia a leer concentradamente una novela.

Fonderbrider explicó lo que hace el EAAF, el equipo dedicado a investigar lo que sucedió con las víctimas de la violencia política en Argentina a partir del trabajo de exhumación de los cuerpos de los desaparecidos. Los destinos de las víctimas, señaló, fueron esencialmente tres: enterramientos como NN en cementerios municipales de todo el país; enterramientos clandestinos en centros de detención o áreas militares como en Santa Fe y Arana y el arrojarlos desde aviones al Río de la Plata.

En la provincia de Buenos Aires –dijo– todos los cementerios del primer cordón recibieron inhumaciones de NN. En 1987, el EAAF realizó un estudio para determinar el número aproximado de inhumaciones clandestinas en los 125 departamentos bonaerenses: quería saber si entre 1970 y 1984 había cambiado la población de personas NN en los cementerios. Para eso, pidieron información sobre el ingreso de los datos. Quince distritos no contestaron porque los libros estaban en poder de la Justicia, pero el resto de las respuestas les permitió indicar que entre ’76 y ’77 el perfil de los NN había “cambiado radicalmente”: aumentó el ingreso de NN y las edades bajaron. “Históricamente los NN eran gente mayor, que moría en vía pública o en hospitales –dijo–, eran hombres y no había causas traumáticas.” En esos dos años, en cambio, los ingresos fueron producto de muertes violentas, aumentó el número de mujeres y bajaron las edades: en total encontraron un exceso de 1100 NN con patrones diferentes a los NN históricos. “Nos hizo pensar que quedaban sepulturas por recuperar y era dificultoso porque muchos cuerpos pasaron al osario.”

El EAAF intervino en varias etapas de la investigación de El Vesubio. Entre ellas, dos casos emblemáticos: la masacre de Monte Grande y el triple homicidio de Del Viso. La llamada masacre de Monte Grande sucedió el 24 de mayo de 1977, cuando fusilaron a 16 personas en una casa del centro de esa ciudad. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio municipal y los nombres se difundieron a través de la prensa con noticias que hablaban de la muerte de “subversivos” en un falso enfrentamiento. El EAAF trabajó en el caso a partir de 1986 a pedido de la Cámara Federal porteña. Revisaron actas de defunción, compararon los libros del cementerio y la información de la prensa. El relevamiento indicó que se había enterrado a 16 personas: 11 varones y 5 mujeres. Todos tenían sepulturas individuales. Supieron que el mismo día del entierro se los exhumó para tomar las huellas dactilares y se los volvió a enterrar, tal como lo contó durante las audiencias uno de los empleados del cementerio. A lo largo del tiempo, encontraron cierta discordancia –frecuente en otros lugares– entre los certificados de defunción y las zonas de entierro. Entre otras razones, dijo Fonderbrider, porque los procedimientos se hacían fuera de hora y sin personal adecuado. Cuando llegaron, notaron que los cuerpos ya no estaban en la zona en la que supuestamente debían estar. Según los libros, nueve se habían identificado y reconocido, pero los otros habían pasado al osario general.

El presidente del Tribunal Oral Federal 4, Leopoldo Bruglia, preguntó varias veces por esos números: eran 16, 9 se reconocieron. ¿Y los otros 7?, preguntó nuevamente. “No estaban en la sepultura –dijo Fonderbrider–, fueron trasladados al osario, lo que haría la identificación imposible: para hacer más espacio dentro del osario, a los cuerpos se los va rompiendo, se van transformando en polvo, lo que vuelve más difícil que quede algo.”

La investigación por el triple homicidio de Del Viso los condujo a uno de los depósitos judiciales de La Plata. En 1984, la Justicia había ordenado exhumaciones masivas que se hicieron de forma “acientífica”, recordó: “Las hacían los sepultureros con palas mecánicas y lo que sucedió en muchos casos es que en una bolsa había más de un cuerpo, dejaron muchos restos en las sepulturas, se mezclaron y llevaron a depósitos judiciales”. Algunos permanecieron en bolsas durante 15 años, a veces volvieron a los cementerios, a los osarios, a veces se destruyeron. Cuando el EAAF se puso a trabajar en La Plata había 100 bolsas con restos de cuerpos. Seleccionaron cinco que habían venido del cementerio de Grand Bourg, donde estaban enterrados los cuerpos. Con la información “antemorten” sobre una de las tres víctimas avanzaron: tenían características generales, sus rasgos odontológicos, las particularidades del cabello. “Seleccionamos uno compatible con Leticia Akselman –dijo–, observamos las lesiones en el esqueleto, los trazos de la fractura, el tórax, los miembros superiores, inferiores, las lesiones de los proyectiles de armas de fuego que coincidían con la autopsia.” Por las lesiones de bala, entendieron que Leticia tenía fracturas compatibles con acciones de defensa, y que recibió los disparos de la muerte cuando estaba extendida en el suelo.

También del EAAF, Patricia Berardi reconstruyó el camino de los cinco cuerpos que fueron identificados en el último tiempo: Laura Isabel Feldman, Ofelia Cassano, Generosa Fratassi, Hugo Manuel Mattion y María Luisa Martínez. Habló del funcionamiento de los dos cementerios donde aparecieron: Lomas de Zamora y Avellaneda. El primero, un lugar donde los enterramientos no se hicieron en áreas marginales, sino en todo el lugar, con fosas NN intercaladas entre las de personas con sus nombres. En Avellaneda, en cambio, tuvieron que generar un yacimiento arqueológico para trabajar sobre los cuerpos: estaban alojados en el área 134, un lugar marginal, en el extremo del cementerio, ubicado frente a Villa Corina. La zona funcionó entre abril de 1976 y septiembre de 1978, y la reconocieron por la información de los sepultureros. Les indicaron que ahí había 19 vaqueras o fosas comunes y 18 fosas individuales. Durante la dictadura se tiró abajo un paredón para que los camiones pudiesen ingresar directamente. Los cuerpos se arrojaban de forma invertida para que entrara más cantidad. La vaquera más grande contenía hasta 32 cuerpos: “Pasado un año, un mes o un día, todavía no se puede saber –dijo–, se volvía a abrir para colocar otro cuerpo, por eso son lugares con más de un momento de depósito”.