lunes, 8 de marzo de 2010

Las garantías procesales benefician a los represores

Irina Santesteban (LA ARENA)

Algunos de los acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, llegan a los juicios gozando del beneficio de la excarcelación. Sin embargo, ningún defensor de la "mano dura" ha protestado por ello.

El viernes 26 comenzó en los Tribunales ubicados en la calle Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, el juicio por los delitos que se cometieron en el campo de concentración conocido como "El Vesubio". En el mismo están acusados ocho ex represores: el general Humberto Gamen, los coroneles Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli y los agentes penitenciarios Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Zeolit, Diego Chemes y Ricardo Martínez.

Cual reflejo de las diferencias de clase que existen dentro de las filas del Ejército y las fuerzas de seguridad, los cinco penitenciarios ingresaron a la sala de audiencias con sus manos esposadas, de las que fueron liberados antes de tomar asiento.

Sin embargo, los tres jefes militares entraron con sus manos libres, impecablemente trajeados, como si fueran respetables señores mayores. Es que los tres gozan del beneficio de la excarcelación, por haber transcurrido los dos años que la ley procesal establece como límite de la prisión preventiva. Una garantía procesal que los impulsores de la "tolerancia cero" en la lucha contra el delito, han impugnado siempre como un "exceso de garantías" que beneficia a los delincuentes.

El Centro

El Vesubio fue uno de los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura videlista, está ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, en Camino de Cintura y Autopista Richieri. Dependía del Primer Cuerpo de Ejército y en sus instalaciones fueron vistos secuestrados y aún figuran desaparecidos, el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raimundo Gleyzer y el dibujante Héctor Oesterheld.

Aunque se calcula que fueron cerca de cuatro mil los detenidos que pasaron por ese campo, en este juicio se ventilarán los casos de 157, algunos de los cuales sobrevivieron al horror de la detención ilegal y las torturas y son parte de los más de 300 testigos que prestarán su declaración en las audiencias, que se estima se prolongarán hasta noviembre.

Además de las continuas dilaciones que plantean las defensas de los genocidas, los juicios por los crímenes de la dictadura, enfrentan varios otros problemas, entre ellos la falta de espacios adecuados para desarrollar las audiencias públicas.

En el enorme edificio de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, se utiliza la sala del subsuelo para tres juicios diferentes. Tres días a la semana, semana por medio, tienen lugar las audiencias por la mega-causa "Atlético - Banco- Olimpo", más conocida como ABO y donde se encuentran acusados quince ex represores, en su mayoría ex comisarios de la Policía Federal, algunos gendarmes y agentes de inteligencia militar.

Otros tres días a la semana, también semana de por medio, en la que no se ventila la causa anterior, se llevan a cabo las audiencias por la causa "ESMA", que comenzó en diciembre del año pasado y que tiene 19 acusados, entre ellos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, el médico Carlos Octavio Capdevilla, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón y Ricardo Cavallo.

Dudas

En esa misma sala, desde el pasado viernes 26 de febrero, también tienen lugar allí las audiencias de la causa "Vesubio" aunque hasta esta semana no se sabía cómo iba a continuar, por la falta de espacio adecuado.

El día del inicio de la audiencia, hubo que esperar a que se desocupe la sala y partieran los acusados de la causa "ESMA", quienes fueron repudiados con cánticos por los militantes que se encontraban en la puerta de Comodoro Py, mientras al interior de los Tribunales se acondicionaba rápidamente la sala de audiencias para comenzar, con una hora de retraso, con la lectura del requerimiento fiscal en la causa "Vesubio".

No fue el único retraso en esta causa, la renuncia al Tribunal Oral Federal Nº 4 (TOF 4), quien tiene a su cargo el juicio, de la magistrada María Cristina Sanmartino, ya había prorrogado el inicio de las audiencias previstas inicialmente para el 15 de diciembre del año pasado. Finalmente el Tribunal quedó conformado por el camarista Leopoldo Oscar Bruglia (presidente), Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi, éste último miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

El procesamiento con prisión preventiva de los imputados había sido dispuesto por el juez Daniel Rafecas el 23 de mayo de 2006, que analizó 16 homicidios agravados y 157 privaciones ilegales de la libertad en concurso real con imposición de tormentos. Un año después, el 10 de abril de 2007, la Cámara Federal confirmó dicho procesamiento y finalmente, luego de innumerables dilaciones, comunes a estos juicios, el 22 de julio de 2008 se dispuso la clausura parcial de la instrucción y su elevación a juicio oral y público.

Primera audiencia

La primera audiencia se prolongó por casi cuatro horas, y la lectura del extenso escrito de la Fiscalía fue seguida con atención por el público conformado por unas setenta personas, sentados detrás de un vidrio que los separaba de los miembros del Tribunal, imputados y abogados. Los presentes eran mayoritariamente familiares de las víctimas, ex detenidos del Vesubio y personalidades de los organismos de Derechos Humanos, como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Jorge Watts, sobreviviente del Vesubio y uno de los principales testigos en la causa; María Eleonora Cristina y Mónica Cristina, hija y hermana de Roberto Cristina, secretario general de Vanguardia Comunista y desaparecido en "El Vesubio".

En la parte superior de la sala, se ubicaron los escasos familiares de los imputados, quienes formaron fila con el resto del público al momento de ingresar a la audiencia. Su porte militar y rostros adustos contrastaban con el bullanguero grupo de familiares y militantes, que expresaban su satisfacción por haber arribado a este juicio aunque con 32 años de demora.

La emoción y el llanto embargaron a algunas mujeres cuando el secretario del Tribunal leía sus nombres, cuyos casos figuran entre los 157 que juzgará este juicio, y que serán importantes testigos por haber sido detenidas ilegalmente y torturadas en ese campo de concentración.

Entre las víctimas del imputado Durán Sáenz, figura la pampeana Elena Alfaro, secuestrada embarazada en abril de 1977 y liberada en noviembre de ese año, actualmente residente en Francia. El padre de su hijo, el cordobés Luis Fabbri continúa desaparecido y también es uno de los casos que se juzgará en esta causa.

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