Ampliamos acusaciones por homicidios y delitos sexuales

El 4 de septiembre con la querella de Justicia Ya! formulamos la ampliación de acusación contra los  genocidas Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón, Faustino Svenciones y Federico Minicucci que están siendo juzgados en este segundo tramo del juicio por los crímenes cometidos en el campo de concentración El Vesubio.

El objeto de la presentación es que los genocidas respondan no sólo por los delitos de tormentos y privación ilegítima de la libertad por los que llegaron a la instancia de juicio oral, sino también por los homicidios de 26 compañeros -entre ellos, el de Diego Guagnini, hijo de nuestra compañera Cata Guagnini- y por los delitos sexuales cometidos contra una veintena de compañeras cautivas en el Vesubio. Estos crímenes fueron revelados en el curso del juicio oral a través del testimonio de familiares y sobrevivientes.

La fiscalía, conducida por Alejandro Alagia, solamente amplió por tres homicidios y tres abusos sexuales por considerar que fueron los casos que se ajustan a los requisitos exigidos por el código procesal. Mientras nuestra querella pretende no quitar del universo a ser juzgado los crímenes en los que se tiene conocimiento por haberse hallado los cuerpo o bien porque algún compañero fue testigo del asesinato –porque vio el cadáver de la víctima, por ejemplo- , la fiscalía limita esta posibilidad, aún cuando de sus propios argumentos debió haber ampliado por todos los casos. El planteo de la fiscalía conduce a que el juzgamiento de esos crímenes sea diferido a otro juicio, para el cual habrá que esperar varios años, luego de casi cuatro décadas de impunidad.

La fragmentación surge desde la misma instrucción de los juicios de lesa humanidad. Rafecas, el juez a cargo de la investigación de El Vesubio, no permitió elevar a juicio homicidios que eran conocidos por haber sido recuperados los cuerpos por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los tecnicismos empleados por los jueces redundan en una extorsión para los querellantes, familiares y organismos de derechos humanos, ya que la única manera de subsanar esta situación es pedir que no se inicien los juicios porque la instrucción  -la etapa preparatoria- no está completa, lo que dilata más aún los juicios. 

El tribunal Oral Federal N° 4 oyó los fundamentos de las partes y recibirá declaración a los cuatro genocidas. Ahora resta esperar por cuáles casos hará lugar a la ampliación de acusación.

La ampliación de las acusaciones como también evitar que los juicios sigan siendo fraccionados, con instrucciones eternas que afectan los derechos de las víctimas, convidado de piedra del sistema penal y garantiza la impunidad de los genocidas, solo ser revertirá con una decisión política de Estado de proceder a la apertura de los archivos y no solo valerse de el aporte de sobrevivientes, víctimas y organismos de derechos humanos.

Mansión Seré: dos hermanas contaron cómo eran las redadas policiales

Susana y María Cecilia vivían en el barrio Pujadas de Morón. Contaron que allí, una vez por semana, la policía realizaba detenciones arbitrarias. Son hijas de la militante desaparecida María Cecilia Almada. Susana, además, estuvo secuestrada y reconoció a dos de los ocho imputados.

Por: Juan Manuel Mannarino

En el circuito represivo del Oeste, durante la última dictadura cívico militar, el centro clandestino “Mansión Seré” fue el centro neurálgico. Funcionó articulado con la Primera Brigada Aérea de Palomar, la VIIª Brigada Aérea de Morón y las comisarías de Castelar, Haedo, Moreno y la 1ª de Morón. En la audiencia de hoy, declararon Susana Ávalos, que estuvo secuestrada, y su hermana Cecilia, que no fue detenida pero declaró varias veces ante personal policial. La madre de ambas, María Cecilia Almada, también fue secuestrada y está desaparecida. Sobre este caso, prestaron testimonio y dieron detalles de las redadas policiales en el barrio Pujadas de Morón, donde vivían.

 “Mansión Seré” era una vieja casona estilo europeo de dos plantas ubicada entre las localidades bonaerenses de Ituzaingó y Castelar. Susana Ávalos fue secuestrada a sus 18 años en la Primera Brigada Aérea de Palomar y en la Comisaría Tercera de Castelar. Allí se cruzó con su madre, que fue detenida el 16 de octubre de 1976, un mes antes que ella. Madre e hija compartieron cautiverio durante un mes. El detalle de los testimonios radicó en que señalaron a “Mansión Seré” como centro transitorio de tortura. Susana explicó que en noviembre de ese año fue trasladada hacia ese lugar, donde fue sometida a violaciones y vejámenes de todo tipo, y que luego regresó a su centro de detención. Es decir: que Mansión Seré recién empezó a funcionar como centro clandestino en diciembre, y que meses antes, para los represores, fue un lugar de tránsito.

Tanto Susana como Cecilia Ávalos declararon por primera vez en un juicio por delitos de lesa humanidad. Dijeron que estaban esperando esta oportunidad hace 38 años. A la hora de recordar a su madre, comentaron que había sido secuestrada cuando tenía 50 años y que era militante peronista. Que vivían en el barrio Pujadas, lindante a la Villa Carlos Gardel, en la localidad de Morón.

Susana fue violada varias veces. Reconoció a dos de los ocho imputados como los que la interrogaron en los centros clandestinos: el ex cabo y ex auxiliar de la Fuerza Aérea, Héctor Oscar Seisdedos, y el ex cabo Daniel Alfredo Scali. Dijo que fue liberada pero que una vez por semana debía concurrir al Hospital Posadas a declarar sobre si realizaba actividades políticas. Y que su madre fue derivada hacia el centro clandestino “El Vesubio”. En diciembre de 1976 fue la última vez que la vieron con vida.

Al declarar sobre los operativos policiales en el barrio Pujadas –que debía su nombre como homenaje a uno de los presos fusilados en Trelew en 1972-, revelaron que la Fuerza Área hacía redadas una vez por semana y realizaba detenciones arbitrarias. En aquella época vivían diez mil personas  y el barrio era centro de actividades políticas: no sólo de la resistencia peronista sino también de la militancia comunista y socialista. Allí fueron detenidos, entre otros, los padres de Victoria Donda: es uno de los 97 casos que se tratan en este juicio.

Perfil de Gustavo Cacivio El Francés, un represor que escuchaba música clásica en la tortura

El juzgado federal de instrucción 3, de Daniel Rafecas, dictó su procesamiento como jefe del centro clandestino "El Vesubio". Unos meses antes había sido detenido por su rol en "La Cacha". En ambos juicios se buscará probar si "El Francés", que comandaba tanto los interrogatorios como las operaciones de infiltración de las organizaciones guerrilleras, es Gustavo Adolfo Cacivio.

Por: Laureano Barrera

El “Francés” –un hombre alto, fornido, de bigote recio, que no alcanzaba los cuarenta años- puso la cinta en el pasacasete. Sonrió por unos segundos, cuando empezó a sonar una ópera, o tal vez una sonata o una sinfonía. Después se puso serio y apagó el reproductor.

–¡Este ya lo trajiste tres veces!- gritó enfurecido.

Le tiró el casete en la cabeza a Néstor Cendón, un penitenciario que había estado preso en Caseros por robo y le habían dado la opción de “regenerarse” integrando la patota. Él y los demás salieron de la casa sin congraciarse con el jefe de “El Vesubio”. Siempre que salían a “chupar” gente, “reventaban” una casa y se llevaban las cosas de valor, tenían la previsión de separar para él los discos o casetes de música clásica.

“El Francés era un tipo muy culto, que andaba siempre perfumado y le gustaba la música clásica: la patota le llevaba discos y casetes robados y él los escuchaba en el chupadero”, rememora 36 años después Jorge Watts, en diálogo con Infojus Noticias. El testigo, de memoria prodigiosa, sobrevivió 53 días en El Vesubio y siete largos meses en dos cárceles a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

En agosto de 2010, después de un año de cotejar pruebas y testimonios, la justicia federal concluyó que el “Francés” era el coronel retirado Gustavo Adolfo Cacivio. El juzgado federal de instrucción 3, de Daniel Rafecas, dictó su procesamiento como jefe del centro clandestino desde enero hasta septiembre de 1978, la tercera y última fase operativa del campo de concentración en el que fueron fusilados y desaparecidos más de mil personas. La Cámara de Apelaciones confirmó la medida.

En ese momento, estaba juzgándose –luego serían condenados- a siete generales y guardias de los dos primeros años de funcionamiento del centro clandestino, entre 1976 y 1977. El jefe anterior, Pedro Durán Saenz -alias “Delta”-, murió el 6 de junio de 2011, un mes antes de la sentencia. A fines de 1977, los generales del Primer Cuerpo decidieron su reemplazo: no porque violara a las detenidas, sino porque una de ellas –aprovechando un descuido- telefoneó a su casa y habló con su esposa. El asesino cayó en una depresión y tuvieron que hacerle un lavaje de estómago en el Hospital Militar para salvarlo del frasco de pastillas que se había tomado.

El Francés lo reemplazó con apenas 34 años, y ningún sobreviviente ha podido olvidarlo. Ahora, además de juzgar a los ex coroneles Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, y al ex penitenciario Cendón, el Tribunal Oral Federal N°4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández- deberá dilucidar Cacivio integra el banquillo de los sospechosos junto para dilucidar si el nombre y el apodo hablan de la misma persona.

La Cacha

Y sin embargo, Cacivio no fue detenido por su presunta gestión funeraria al frente de El Vesubio. La justicia federal de La Plata, que también le seguía los pasos, se anticipó y lo detuvo el 20 de febrero de 2010 entre un grupo de doce policías, penitenciarios y agentes de inteligencia que habían operado en La Cacha. El juez Manuel Blanco puso el acento en el rol vital del Destacamento de Inteligencia 101 en el funcionamiento de ese campo de concentración de las afueras de La Plata.

Cacivio era un capitán de Infantería incorporado a la Centra de Reunión de Información (CRI) de ese destacamento el 23 de diciembre de 1975, después de haber hecho el curso número 5 “Técnico de Inteligencia” en la escuela de Inteligencia del Comando de Institutos Militares del Comando General del Ejército, del que había egresado con “Aptitud Especial de Inteligencia”. En 1977, sus tres jefes en el Destacamento lo consideraron “uno de los pocos sobresalientes para su grado”. “Quienes tenían la condecoración de ‘aptitud especial de inteligencia’ eran quienes diseñaban los interrogatorios: elegían las preguntas y las maneras de preguntar, analizaban esa información y decidían qué seguía, aunque no implica en modo alguno que no pudieran manejar la picana”, graficó a esta agencia una fuente judicial que ha estudiado los protocolos durante la dictadura de la inteligencia militar.

Durante 1977, El Francés estuvo dedicado a operaciones de infiltración de las organizaciones guerrilleras en La Plata, logrando la “colaboración” de algunos secuestrados a fuerza de torturas, amenazas de muerte y promesas de liberación que nunca cumplió. Para esas operaciones -que incluyeron un régimen enloquecedor de visitas entre los secuestrados y sus familias- utilizó como base la Brigada de Investigaciones y el nombre de cobertura “Federico Asís”. A fines de 1977, cuando ya no servían esas simulaciones demenciales, les pidió muchos dólares a las familias para sacar a los secuestrados del país. Todos fueron asesinados.

El ex detenido Ricardo Victorino Molina, un delegado de la fábrica Kaiser Aluminio secuestrado en su casa el 14 de abril de 1977, vio al Francés comandando el rapto. Llevaba una campera de buzo, botas y ropa de combate. Era rubio, alto, de pelo corto y tenía “una voz muy imperiosa” y “metálica”, que volvió a oír en la sala de torturas de La Cacha dirigiendo el interrogatorio.

Unos días antes de que lo llevaran a la comisaría 8va de La Plata para empezar a legalizar su detención, el Francés lo llevó a una casa rodante que estaba fuera del edificio principal, y le pidió que se levantara la venda:

- Mirame a la cara, yo soy el que te detuve, el que te secuestré y torturé, mirame bien porque si nos encontramos en la calle, tirame primero porque sino te voy a tirar yo.

Pocos días después, lo llevó desde la Cacha a la Brigada de Investigaciones a ver a su mujer Liliana Galarza que había parido a su hijo en cautiverio. “Soy yo”, les dijo, simplemente, a los guardias de la entrada.

Ahora, Cacivio debe repartir sus excursiones semanales de la cárcel a los estrados de la justicia federal entre La Plata y Comodoro Py: los miércoles y los viernes ocupa el banquillo por los crímenes de La Cacha; los jueves por el juicio Vesubio II.

Vesubio

El Vesubio era un predio pensado para el recreo de la oficialidad penitenciaria que empezó a operar como centro clandestino a mediados de 1975 en el cruce del Camino de Cintura y la autopista Ricchieri. Eran tres chalets coloniales de tejas rojas: en uno vivían los represores y se reunía la Central de Reunión de Inteligencia –que manejaba el campo-, en otro estaban las salas de tortura, y en el tercero los secuestrados. Por último, había una habitación prefabricada llamada la sala Q: muchos conjeturan que el nombre se debía a que ahí estaban los detenidos “quebrados”, que tenían más comida y cigarrillos.

La participación de “El Francés” en la ruta de la desaparición era completa: comandaba algunos secuestros, participaba de casi todos los interrogatorios y decidía quién sobrevivía y quién no. Tanto tiempo después, en el proceso que se lo enjuicia, ya no cultiva esa vanidad. Más bien lo contrario. El 15 de mayo, después de recordarlo “elegante, culto, cristiano”, Alejandra Naftal dijo “creo que lo estoy viendo, allá en el fondo. El señor que me esquiva la mirada. Yo recuerdo  su cara, como un dibujo tridimensional”. Siete días más tarde, Adrián Brusa contó que tuvo tres conversaciones con él sin la capucha. Mirando a Cacivio, dijo: “es una cara que no me olvidar más, está ahí. Es el ‘Francés’”.

En la última audiencia, el jueves pasado, Jorge Watts relató ante el TOF 4 las penurias que pasó ahí.

–En un momento me pusieron un caño redondo en la boca, y como la electricidad contrae los músculos, me rompí todos los dientes de arriba mordiendo el metal. Sentía como se rompían uno por uno, lo único que podía hacer era escupirlos para no tragarlos- relató.

Watts, que actualmente dirige Memoria Abierta y entonces militaba en Vanguardia Comunista, afirma que cuando los interrogadores no conocían bien a la víctima –como era su caso-, buscaban en las sesiones interminables de tormentos, dos cosas: “que te autoincriminaras, por eso muchas veces te preguntaban lo mismo, y que cantaras a compañeros”.

A mediados de septiembre de 1978, con los rumores de la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), los jefes del El Vesubio decidieron desmantelarlo. El Francés arengó como si fuera parte de un Comando Anticomunista

Sobre el final de su alocución, mirando hacia donde estaban los imputados, Watts dijo:

–Yo quiero decirle a los jueces de este tribunal y a todos los presentes en la sala: la inteligencia de estos criminales no era la de Sherlock Holmes, sino la de Jack El Destripador.

Genocidas que actuaron en Vesubio. Difundir por favor, porque seguramente estuvieron en otros ccd y e

Federico Antonio Minicucc, iex agente penitenciario Néstor Norberto Cendón. y Faustino José Svencionis, ex Oficial de Inteligencia del Ejército Gustavo Adolfo Cacivio.
 

Este jueves ha comenzado el segundo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido como "Vesubio", que funcionó en Camino de Cintura y Riccheri. Por los hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar contra 204 personas se juzgará al los ex Coroneles Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, ex Oficial de Inteligencia del Ejército Gustavo Adolfo Cacivio, y al ex agente penitenciario Néstor Norberto Cendón. La primera audiencia tendrá lugar en la Sala AMIA de los Tribunales Federales de Comodoro Py, desde las 9:30 horas.

En 2011, en el primer juicio oral por los crímenes en ese ex Centro Clandestino, fueron condenados a perpetua por crímenes en "El Vesubio" los genocidas Héctor Gamen (ex general) y Hugo Idelbrando Pascarelli (ex coronel). Mientras que recibieron sentencias menores: Ramón Antonio Erlán condenado a 20 años y seis meses de prisión; José Néstor Maidana a 22 años y seis meses de prisión; Roberto Carlos Zeolitti a 18 años de prisión; Diego Salvador Chemes a 21 años y seis meses de prisión; Ricardo Néstor Martínez; a 20 años de prisión. El asesino Pedro Alberto Durán Sáenz murió impune el 6 de junio de ese mismo año.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández.

Los militares de El Vesubio van a la cárcel

Casación aula el benificio de prisión domiciliaria.

 Por Ailín Bullentini

La Cámara Nacional de Casación Penal revocó el beneficio de prisión domiciliaria de Hugo Pascarelli, el represor condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio que gozaba de ese privilegio. Su vuelta a prisión, según el fiscal federal Félix Crous, “es inminente y fatal”, ya que “Casación deberá actuar tal como lo hizo en el caso de Humberto Gamen”, a quien también le revocaron el beneficio de prisión domiciliaria, rechazaron la intervención de la Corte Suprema y ordenaron su traslado inmediato a la cárcel.

La defensa de Pascarelli aún está a tiempo de presentar un recurso extraordinario ante Casación para que el hecho sea tratado por la Corte Suprema. Sin embargo, la Cámara “no puede obrar de una manera diferente en dos casos que son iguales”, aseguró Crous.

Gamen y Pascarelli fueron los únicos militares retirados condenados por lo ocurrido a personas que pasaron por El Vesubio, un centro de secuestro, tortura y muerte ubicado en el cruce del Camino de Cintura y la autopista Riccheri, que funcionó durante la última dictadura. No había terminado el juicio oral en el que recibieron su pena cuando su máximo jefe, Pedro Alberto Durán Sáenz, falleció. Un mes después de la condena, el Tribunal Oral Federal Nº 4 que los había sentenciado, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, José Gorini y Pablo Bertuzzi, accedió al pedido de prisión domiciliaria que ambas defensas realizaron. “Edad y estado de salud argumentaron. Pascarelli tenía achaques de la vejez, pero manejaba su propio auto, así que mal no estaba”, detalló Crous.

El fiscal presentó un recurso de Casación para que la Justicia retrocediera en el privilegio a ambos represores. La Cámara sólo actuó en el caso de Gamen. Crous, entonces, llevó al TOF Nº4 pruebas de que Pascarelli violaba el beneficio y salía de su domicilio. “Cuando el tribunal, por fallo dividido, Bruglia votó en contra, decidió que esas pruebas no eran razón suficiente para el revocamiento, acudí a Casación nuevamente. Entonces mandaron a controlar si el genocida estaba en su casa. Tocaron el timbre y no estaba”, relató el fiscal. A principios de mes, la Cámara dio curso al recurso de Crous y anuló el privilegio a Pascarelli.

A fines de diciembre de 2011, Casación envió a la cárcel común a Gamen, rechazando el recurso extraordinario que su defensa había presentado para elevar el diferendo a la Corte Suprema. “La decisión de Casación respecto del caso de Gamen sentó un precedente. No pueden actuar de manera distinta en el caso de Pascarelli”, explicó el fiscal federal que actuó desde el inicio del proceso. Es probable que la defensa de Pascarelli utilice los recursos conocidos judicialmente como “de queja” ante la máxima autoridad de Justicia para seguir gozando de su detención en su casa, pero “es improbable que les den lugar. Su destino en una prisión es inminente y fatal”, sentenció Crous.

Revocan el beneficio de prisión domiciliaria para el represor Pascarelli

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al pedido de una fiscalía para no conceder esta comodidad al coronel retirado, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio.

La Justicia denegó un pedido de prisión domiciliaria para beneficiar al represor Hugo Pascarelli, condenado el 14 de julio del año pasado a reclusión perpetua en el marco de la investigación sobre crímenes cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio.
En concreto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal federal Félix Pablo Crous contra la concesión de la prisión domiciliaria de Pascarelli. A fines de 2011, la misma sala había hecho lugar al recurso interpuesto contra la concesión del arresto domiciliario a Humberto Gamen, superior inmediato de Pascarelli, condenado a perpetua en el mismo juicio.

Pascarelli violó la detención domiciliaria cuando salió de su casa para ser atendido en el Hospital Militar, conduciendo su propio vehículo, lo que incluyó una visita al paseo de compras Solar de la Abadía para tramitar el nuevo DNI.
Poco tiempo después, no fue encontrado en su casa de Barrancas de Belgrano, en una visita sorpresiva de control.

Sin embargo, los jueces Pablo Beruzzi y Néstor Costabel, integrantes del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, que lo juzgó y debe controlar la ejecución de la pena, entendieron que no había violado la detención domiciliaria, con la disidencia del juez Leopoldo Bruglia, quien opinó que debía revocarse el beneficio. Contra esa decisión el fiscal Crous recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal, que le dio la razón.

El coronel retirado Pascarelli se desempeñó como jefe del Área 114 -partido de La Matanza y aledaños-, dentro de la cual estaba enclavado el centro clandestino de detención El Vesubio así como en cementerios municipales en los cuales fueron inhumados de manera clandestina cadáveres NN de víctimas del terrorismo de Estado.

También fue alumno, y luego segundo jefe de curso, en el Colegio Interamericano de Defensa, dependiente de la Junta Interamericana de Defensa, en los años de las últimas dictaduras de América Latina.

Como consecuencia de la investigación judicial sobre los crímenes cometidos en El Vesubio fueron condenados a perpetua Gamen, debido a 22 homicidios agravados y 44 casos de privación ilegítima de la libertad, entre otros cargos. Pascarelli, a su vez, fue sentenciado a reclusión perpetua acusado de tres homicidios agravados y 15 imposiciones de tormentos y casos de privación ilegítima de la libertad.

Cuatro veces el genocida Pascarelli se "tomó las de Villa Diego"

Investigan si un represor violó su arresto domiciliario

Habría ocurrido en cuatro ocasiones; la fiscalía pide que se le revoque

Por Hernán Cappiello 

El coronel retirado Hugo Pascarelli, de 81 años, sentenciado a reclusión perpetua por homicidios, secuestros y tormentos reiterados mientras se desempeñaba en el centro clandestino de detención El Vesubio, durante la última dictadura militar, habría violado en por lo menos cuatro ocasiones su arresto domiciliario. Por ese motivo, la fiscalía trabaja en un pedido para que se le revoque ese beneficio.

Pascarelli, debido a su edad y a los problemas cardíacos que afectan su salud, puede cumplir su pena mientras no salga de su casa, pero el militar retirado no fue encontrado en su domicilio en por lo menos cuatro veces en el último semestre,
Pascarelli fue condenado por 15 privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y dos homicidios cometidos en el campo de concentración situado entre el Camino de Cintura y la autopista Riccheri, en La Matanza. Pasaron por allí 2500 prisioneros, entre ellos el escritor Haroldo Conti y el escritor e historietista Héctor Oesterheld, creador de El Eternauta.

El Tribunal Oral Federal N° 4 integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Pablo Bertuzzi, en el mismo juicio, había condenado a reclusión perpetua al general de brigada retirado Héctor Gamen, de 84 años e impuesto condenas de entre 18 y 22 años de cárcel a cinco penitenciarios.

Gamen y Pascarelli, que estaban libres, fueron detenidos tras el juicio en julio pasado, pero el tribunal les concedió la prisión domiciliaria. El fiscal Crous apeló y la Cámara de Casación le dio la razón. Si el fallo queda firme, Gamen deberá volver a la cárcel. En el caso de Pascarelli, en cambio, el tribunal entendió que por su estado de salud, debía quedarse en su casa. No obstante, según el fiscal, el militar retirado habría violado sus condiciones del cumplimiento de la condena en cuatro ocasiones: dos veces había ido al Hospital Militar a hacerse estudios, sin autorización, una vez había ido a tramitar el DNI al shopping El Solar de la Abadía, donde tiene oficinas móviles el Ministerio del Interior, y la última vez fue el 26 de octubre, cuando una oficial notificadora tocó a su puerta y nadie le respondió.

Tras el testimonio de la notificadora, el tribunal rechazó la pretensión del fiscal, al entender que era posible que no hubiera escuchado el sonido del timbre. Pero el fiscal Crous prepara un recurso para volver a pedir que se le revoque el arresto domiciliario a Pascarelli.

El problema es mas grave porque el Tribunal Oral Fderal N° 4 había ordenado que Pascarelli quedara bajo el cuidado de un sistema de vigilancia electrónica, con una tobillera, que dispara un alarma en la oficina central de control si el condenado sale de su casa o de un radio predeterminado.

Ese sistema, que está en marcha en la provincia de Buenos Aires, no está implementado a nivel nacional en ningún programa dependiente del Ministerio de Justicia, por lo que la orden del tribunal quedó en la nada..