lunes, 4 de julio de 2011

CCD Vesubio: Hablarán los genocidas acusados

El juicio por El Vesubio

El juicio por la represión ilegal en el centro clandestino de detención El Vesubio ingresará hoy en su tramo final cuando el Tribunal Oral Federal 4 escuche las últimas palabras de dos de los ocho procesados. Se trata de los ex militares Héctor Gamen y Hugo Pascarelli, ya que el tercer ex militar, Pablo Durán Sáenz, falleció sin ser condenado.

Gamen y Pascarelli tendrán oportunidad de hablar ante los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Pablo Bertuzzi, quienes tienen previsto escuchar a todos los acusados y luego dar fecha para emitir veredicto, que sería la semana próxima. El juicio comenzó en febrero del año pasado y se ventilaron las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese centro clandestino por el que fueron juzgados tres militares –entre ellos el fallecido Durán Sáenz– y cinco ex agentes del Servicio Penitenciario en la última dictadura.

En los alegatos que se escucharon en los últimos dos meses tanto la fiscalía como los distintos querellantes pidieron condenas de prisión perpetua para los ex militares Gamen y Pascarelli y de hasta 25 años de cárcel para los ex penitenciarios Ramón Erlán, Diego Chemes, José Maidana, Ricardo Martínez y Roberto Zeolitti. El tribunal optó por escuchar primero a los dos ex jefes militares que quedan con vida –Gamen y Pascarelli– y luego a los penitenciarios antes de emitir su veredicto.

El Vesubio estuvo ubicado en Camino de Cintura y Riccheri, en el partido de La Matanza, y dependía del Primer Cuerpo del Ejército, y en el juicio se repasaron 157 hechos de detenciones ilegales y asesinatos.

A lo largo de más de un año de audiencias declararon unos 300 testigos, entre ellos muchos sobrevivientes que dieron cuenta de las violaciones sufridas por las secuestradas, las torturas y tormentos y privaciones ilegales de la libertad.

Por ese centro clandestino pasaron, entre muchos otros, el dibujante y creador de El Eternauta, Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer y el escritor Haroldo Conti.

lunes, 16 de mayo de 2011

El sentimiento de lo diabólico, según Fiscalía...¿y el delito de genocidio?

Alegato de la Fiscalía en los crímenes de El Vesubio.
Invocación a Julio Cortázar quién sí "acusaba" de genocidio

En el último tramo del juicio oral, el fiscal Félix Crous dio por probada la intervención de los ocho acusados en el centro clandestino y avanzó con la descripción de las víctimas, entre ellas Raymundo Gleyzer y alumnos del Nacional de Buenos Aires.

 Por Alejandra Dandan

La última etapa de los alegatos de las querellas por los crímenes cometidos en el centro clandestino El Vesubio estaba por empezar. Los tres militares acusados, aún en libertad, ya estaban sentados. A los otros cinco imputados, ex agentes penitenciarios, les habían sacado las esposas y estaban ahí, a la espera, en su nueva condición de prisioneros. El fiscal Félix Crous, a cargo del armado de este último tramo en el juicio oral, empezó el alegato con estas palabras: “Pienso que todos los aquí reunidos coincidirán conmigo en que cada vez que, a través de testimonios personales o de documentos, tomamos contacto con la cuestión de los desaparecidos en la Argentina o en otros países sudamericanos, el sentimiento que se manifiesta casi de inmediato es el de lo diabólico. Desde luego, vivimos en una época en la que referirse al diablo parece cada vez más ingenuo o más tonto, y sin embargo es imposible enfrentar el hecho de las desapariciones sin que algo en nosotros sienta la presencia de una fuerza que parece venir de las profundidades, de esos abismos donde inevitablemente la imaginación termina por situar a todos aquellos que han desaparecido”.

Sólo al final Crous contó que esas palabras las había pronunciado Julio Cortázar en 1981, en París, para el coloquio sobre la política de la desaparición forzada de personas, en medio de la pelea para que Naciones Unidas reconociera el estatus de los desaparecidos. Y aquí, en la trama de El Vesubio, fue el soporte para anclar el alegato por 155 víctimas del campo de exterminio ubicado en el cruce de Riccheri y General Paz. Algunas de ellas, dijo Crous, recuperaron la libertad; 22 aparecieron asesinadas y existe una “enorme cantidad de desaparecidos”, cuyos cuerpos aún buscan sus familiares.

“Nosotros nos sentimos muy honrados de estar en ese futuro que señalaba Cortázar, acusando a quienes acusamos en este juicio”, dijo el fiscal. “Estamos acá porque las madres jamás abandonaron a sus hijos, porque los hijos nunca abandonaron a sus padres, porque azuzaron a una sociedad narcotizada por el consumo o la angustia por la sobrevivencia a recordar que aquí había cosas pendientes.”

El alegato se extenderá toda la semana. En el comienzo, la fiscalía homenajeó a dos abogados, víctimas de El Vesubio, y sin mencionarlo le dedicó una crítica a Pablo Jacoby, que actúa en representación del gobierno alemán por una de las víctimas y es socio, a la vez, del estudio jurídico que defiende a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa por la identidad de sus hijos adoptivos Marcela y Felipe.

En el proceso por los delitos perpetrados en El Vesubio son juzgados ocho represores: los militares Hugo Pascarelli, Héctor Gamen, como jefes de área, y Pedro Durán Sáenz, a cargo del centro clandestino, y cinco ex agentes penitenciarios. Las querellas vienen pidiendo prisión perpetua para los militares porque son los únicos acusados hasta ahora por los 22 homicidios. Crous empezó por ese punto; dio por probada la intervención de todos los acusados en los hechos vinculados al campo clandestino y explicó la lógica de los homicidios: “Los cuerpos pertenecían a personas sacadas para ser fusiladas en completa indefensión, sus cuerpos se hallaron en escenas montadas para mostrar al resto de la sociedad los resultados de un supuesto enfrentamiento con las fuerzas de seguridad”. Así aparecieron todos los cuerpos en episodios ocurridos en Monte Grande, Del Viso, Avellaneda y Lomas de Zamora.

Luego avanzó con la descripción de las víctimas de 1976, 1977 y 1978. Un dato: la descripción reconstruyó trayectorias políticas, pero del modo en el que fueron narradas durante el juicio; no aparecieron en la voz de los fiscales, sino con el tipo de relato de cada sobreviviente o familiar.

El ’76 es el período más borroso de El Vesubio. Funcionaba sólo una de las tres casas destinadas a la organización de la represión y es el año con menos registros de víctimas, porque además hay menos sobrevivientes. La primera víctima cuyo caso fue reconstruido fue Gabriel Oscar Marotta, secuestrado el 29 de abril en La Plata, blanqueado y liberado en octubre de 1982. Durante su cautiverio, escuchó a otro compañero decir que estaba muy apenado porque había mandando “en cana a Haroldo Conti”. El caso del escritor no pertenece a la causa, pero su mención pareció indicar alguno de los pedidos que se harán al término del alegato.

Otra víctima del ’76 vinculada a Conti fue Raymundo Gleyzer. La fiscalía acusó por el secuestro a Gamen y Pascarelli y dio por probado que lo secuestraron el 27 de mayo de 1976. Ese día almorzó en casa de su madre, a las 16 pasó por el sindicato de cine y a las 18 no llegó a recoger a su hijo. Su hermana Greta encontró el departamento desvalijado. Una vecina había escuchado gritos, vio a varios hombres llevarse cosas y, cuando preguntó si era una mudanza, le respondieron: “Acá hay mudanza para rato”. Gleyzer permaneció en El Vesubio hasta el 20 de junio de 1976. Sus amigos ya denunciaban que estaba con Conti. Sabían que lo habían tirado en “una mesa completamente electrificada, que en lugar de tener simples electrodos, las personas eran cortadas vivas”.

En 1976 hubo un grupo de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, de la UES. La fiscalía dio por probado el traslado a El Vesubio de Federico Julio Martul y Gabriel Dunayevich, de 17 y 18 años, cuyos cuerpos aparecieron el 3 de julio de ese año en una banquina de Del Viso. Estaban boca abajo y a los extremos del cuerpo de Leticia Akselman, otra víctima. Tenían impactos de bala y, por un grupo de vecinos, sus padres pudieron saber que los fusilaron, los ataron con alambres y les pusieron un cartel que decía: “Fui Montonero”.

Un dato particularmente subrayado fue el procedimiento sobre los cuerpos. “Usualmente se descubrían uno o dos días más tarde –dijo Clarisa Miranda, fiscal adjunta–, pasaban a manos de la policía local y los llevaban a la morgue.” Un médico forense hacía la autopsia y certificados, pero “ni una sola medida servía para investigar las identidades, que era muy fácil de hacer con las pruebas dactilares”. A los cuerpos los depositaban como NN en el cementerio local y el caso se cerraba. Pero con Martul la “burocracia atentó contra la clandestinidad”, porque la extracción de las huellas le permitió a su familia dar con su cuerpo pocos días más tarde. “Desde entonces el expediente no tuvo ningún avance significativo, nada hizo el Poder Judicial para identificar a las otras víctimas hasta el retorno a la democracia.”

Uno de los hechos centrales de 1977 fueron las 16 víctimas de la masacre de Monte Grande. Entre ellas está Elizabeth Kaserman, secuestrada a principios de marzo de 1977, y un grupo de militantes de la brigada obrera del Poder Obrero. Sus caídas y la lógica con que fueron perseguidos aparecieron con claridad en el juicio por los relatos de testigos, pero también por los documentos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba).

viernes, 6 de mayo de 2011

Piden prisión perpetua por los crímenes en El Vesubio

Ante el Tribunal Oral Federal Nº 4 de la Capital Federal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió, durante su alegato, la pena de prisión perpetua para tres ex militares, en el marco del juicio oral contra ocho acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, durante el último gobierno de facto.

En tanto, pidió 25 años de prisión para Ramón Antonio Erlán, Diego Salvador Chemes, José Néstor Maidana y Ricardo Néstor Martínez, y 20 años para Roberto Carlos Zeolitti.

Cabe recordar que la querella -JUSTICIA YA- representada por la abogada Liliana Macea solicitó, en su alegato, la pena de prisión perpetua para Durán Sáenz, Gamen y Pascarelli.

Asimismo, requirió 25 años de prisión para Erlán, Chemes, Maidana, Martínez y Zeolitti.

Por otro lado, la querella representada por el abogado Pablo Jacoby solicitó la pena de reclusión perpetua para Durán Sáenz y Gamen. Además, pidió que se condene a 21 años de prisión a Erlán, Chemes, Maidana y Martínez, y a 11 años a Roberto Carlos Zeolitti.

jueves, 14 de abril de 2011

Alemania pide perpetua para los asesinos del "Vesubio"

Alemania pidió hoy reclusión perpetua para el ex general Héctor Gamen y el ex coronel Pedro Durán Sáenz y entre 11 y 21 años de prisión para seis ex agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), acusados de crímenes de lesa humanidad.

Aquí funcionaba el Centro Clandestino de detención "El Vesubio".
 El abogado Pablo Jacoby, que lleva adelante el caso del secuestro y asesinato de la ciudadana alemana Elisabeth Käsemann, hizo el pedido al concluir hoy sus alegatos ante el Tribunal Oral Criminal Federal 4.

Jacoby solicitó 21 años de prisión para los agentes del SPF Ramón Erlán, José Maidana, Diego Chemes y Ricardo Martínez y 11 años para Roberto Zeolitti, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados. En tanto, a Gamen y Durán Sáenz los acusó por esos mismos delitos y por homicidio agravado y reclamó que se los condene a reclusión perpetua.

La querella solicitó la mitad de la pena para Zeolitti respecto del resto de los penitenciarios porque según testigos "tenía una actitud diferente de los demás guardias en cuanto al tratamiento y condiciones de detención durante su guardia". En el juicio también está imputado el ex coronel Hugo Idelbrando Pascarelli, pero la querella no lo acusó porque no revistaba en "El Vesubio" cuando Käsemann estuvo secuestrada.

Además de las condenas, Jacoby solicitó la baja por exoneración de todos los acusados. Käsemann, socióloga y estudiante de Economía, fue secuestrada el 8 de marzo de 1997 y entre el 23 y 24 de mayo fue sacada de "El Vesubio" junto a otros 15 secuestrados y trasladada a la localidad de Monte Hermoso, donde fue fusilada con disparos en la nuca y la espalda. El cadáver fue encontrado dos años después en una fosa común y trasladado a Alemania.

"El Vesubio" funcionó entre 1975 y 1978 en un predio del SPF ubicado en Avenida Ricchieri y Camino de Cintura, donde también estuvieron secuestrados el escritor Haroldo Conti y el historietista Héctor Oesterheld, quienes se encuentran desaparecidos. La querella señaló que Gamen y Durán Sáenz estuvieron vinculados al crimen de Käsemann porque formaban parte del Primer Cuerpo del Ejército que tenía jurisdicción sobre "El Vesubio". Los ocho represores están acusados por 156 casos de delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran 17 homicidios y 75 desapariciones.

El juicio continuará el próximo miércoles con los alegatos de la querella a cargo de la abogada Mirta Mántaras y las semanas entrantes harán lo propio las tres acusaciones privadas del juicio. En tanto, para mediados de mayo está previsto el alegato del fiscal federal Félix Crous y luego el de las defensas. Al culminar el proceso de alegatos, los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Pablo Bertuzzi fijarán la fecha de veredicto.

lunes, 11 de abril de 2011

Fase final el juicio por delitos en centro clandestino de detención "El Vesubio"


El Tribunal Oral Federal Nº 4 de la Capital dará inicio este martes a las audiencias de alegatos. Son juzgados ocho ex militares por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último gobierno de facto

El Tribunal Oral Federal Nº 4 de la Capital Federal dará inicio este martes, a partir de las 10, a las audiencias de alegatos en el juicio oral contra ocho ex militares por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “El Vesubio”, durante el último gobierno de facto.

Ese día arrancarán las exposiciones de las querellas. Luego será el turno del Ministerio Público Fiscal y finalmente de las defensas.

En el juicio se investiga la participación en esos delitos de Pedro Alberto Durán Sáenz, Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli, Ramón Antonio Erlán, José Néstor Maidana, Roberto Carlos Zeolitti, Diego Salvador Chemes y Ricardo Néstor Martínez.

El debate comenzó el 26 de febrero de 2010

martes, 8 de febrero de 2011

“El sadismo era violar a embarazadas”

Elena Alfaro, sobreviviente de El Vesubio.

Siete meses estuvo secuestrada, embarazada, padeció el infierno. El responsable directo de su cautiverio, Pedro Durán Sáenz, goza todavía de libertad. Suárez Mason la dejó salir. Su parto estaba previsto para un día después.
Por Alejandra Dandan

De pronto, Elena Alfaro habló directamente con el presidente del Tribunal. “Ellos ya se habían dado cuenta: yo estaba embarazada de cuatro meses, señor presidente, mi embarazo era notorio, pero el sadismo era violarse a las embarazadas.” Y el sadismo llegó a más: “En los campos vimos lo que no tenía que verse, y el traidor fue fabricado adentro de los campos: eso es lo que pasó, señor, si vamos a decir la verdad, que sea esa.”

Elena Alfaro estuvo siete meses en El Vesubio. Es una de las pocas sobrevivientes de 1977. Su testimonio era uno de los más esperados en las audiencias que sigue el Tribunal Oral Federal 4, y el último posiblemente antes del comienzo de los alegatos. Los miedos con los que ella bajó en Ezeiza en 1985 para declarar ante la Conadep tal vez todavía expliquen que desde hace meses busca lugares alternativos a las embajadas o consulados argentinos en el exterior para dar su testimonio. Ayer declaró finalmente desde una organizacion no gubernamental en Francia. A las ocho treinta de la mañana argentina, se conectó a una computadora. Aquel hombre, Pedro Durán Sáenz, uno de los sujetos del sadismo, el jefe del centro clandestino, a quien ella llamó todopoderoso, el que se regodeó con las violaciones y a quien su testimonio duro y crudo terminó de hundir como pocas veces había sucedido, estaba ahí, sentado frente a la pantalla, con la cara semidormida y pesada rebotando contra una pared. Y peor: si Elena Alfaro hubiese declarado en Buenos Aires podría haberse cruzado con él en uno de los pasillos de Comodoro Py durante los intervalos: como sucede con los otros dos militares acusados, el jefe de El Vesubio está en libertad –como recordó ayer uno de los abogados–, está excarcelado por las garantías del debido proceso. El juez Daniel Rafecas puede detenerlo por las pruebas de Vesubio II, pero no lo hace. Afortunadamente, Elena Alfaro no se lo cruzó, porque se quedó en Francia.

El infierno

A ella la secuestraron en la medianoche del 19 de abril del ’77, a cuatro días de sus 25 años. Estaba en su casa con el camisón que meses después prestó a una de las secuestradas que iba a dar a luz. Descansaba por el estado de su propio embarazo y, aunque no lo sabía, a las cuatro de la tarde habían secuestrado a su compañero Luis Alberto Fabbri en una cita cantada. A Elena la llevaron a El Vesubio. “Me llevan a sala de torturas, escucho los gritos terribles de todo el mundo, porque ahí había diferentes salas”, dijo. Desnuda, atada de manos y piernas, la picana. Le hicieron ver las torturas de Luis, y a él las suyas: Luis estaba destrozado, dijo, “la cara hinchada y las encías sangrantes, lo atan a la misma cama conmigo, ahí pudimos hablar”.

Pudo ver las botas que había visto en la sala de torturas: las botas que eran de Durán Sáenz. Todavía tenía referencias. “Eran referencias que podíamos ir teniendo porque uno pierde los sentidos del tiempo, no sabe si es de día o de noche, no tengo idea de cuánto pasó, si oigo los gritos y reconozco las voces.”

Pasó por un régimen duro en las cuchas de mujeres: esas dos habitaciones contiguas, sin puertas y con las ventanas clausuradas, y con un gancho a la altura del zócalo de cada celda, desde donde ataban a las mujeres con cadenas. “El castigo más terrible era cuando alguno no cumplía las reglas –dijo–, había palizas para todos, y en un lugar donde la vida estaba totalmente desarticulada, si nos odiaban todos los días, vivíamos sumergidos en el odio.” Era el comienzo de la despersonalización, el momento en el que empezó a ser “O-8”.

“Esto quiero englobarlo en un pensamiento –dijo–: no fue por azar, tuvo que ver con una ideología bien determinada que permitió este tipo de genocidio, como por ejemplo buscar un lugar aislado donde estábamos separados del exterior: nadie podía ver de afuera ni nosotros el exterior.” En ese territorio “extrajurídico” se hacían a la idea de que la ley la hacían los “señores de la muerte”: el jefe del campo era el encargado de hacer la ley.

Durán Sáenz aseguraba formar parte de una elite de “contrainteligencia”: todos los que estaban ahí eran hombres de Inteligencia, de la Policía Federal, la bonaerense o del Ejército, pero la “contrainteligencia era la casta superior”. Y en esos primeros días en que estuvo supo que Durán Sáenz usaba a las mujeres como mano de obra esclava. “Siempre había una que iba y venía de la jefatura, y traía información.” En esos días, había traído a dos secuestradas del infierno: el jefe las seleccionó, dijo ella, él mismo decía que estaban muy flacas, en estado animal, él les daba de comer, las dejaba bañar y a Silvia la obligó a vivir con él. “Esa idea de traer mujeres a El Vesubio no fue por azar –explicó–: Durán Sáenz organizaba robos de autos en los camiones mosquito que transportan autos 0 K haciendo participar a mujeres, para decir que lo hacían los Montoneros”.

Los autos que repartió entre su gente le ocasionaron algún problema. Un día les cambiaron las ropas a las dos mujeres, las torturaron y las llevaron a las cuchas: en ese momento Elena las conoció, y esa misma noche, en pleno silencio, las trasladaron.

Su testimonio más que en escenas abundó en datos: mencionó a la médica y la enfermera del Hospital de Quilmes, a Elizabeth Kasemann, Héctor Oesterheld, con el que pasó los siete meses, y aclaró que mientras estuvo habrán pasado entre 2500 y 3000 personas. Habló del intercambio de prisioneros como el caso de un secuestrado de la ESMA que pusieron en la sala Q, donde llegó a visitarlo Adolfo Scilingo. También de listados que se escribían todos los días con el relevamiento de los detenidos y de la violencia sexual a la mujer.

El 18 de mayo despidió a su compañero: Luis se acercó a decirle que le habían tomado las medidas para cambiarlo de ropa y lo revisaron por las heridas. “Estábamos a casi un mes de estar ahí –dijo–, yo no entendía bien, pero él me estaba preparando para un traslado, claro que esto lo pude conocer después.” Ella vomitaba todo el tiempo. El 23 de mayo a la noche empezaron a llamar a uno por uno, a él y también a ella: “Estamos atados, nos decían que nos trasladaban de un momento a otro, se murmuraban cosas, nos dábamos aliento: estábamos todos, éramos 17. Fue a la noche. En un momento dado, se abre la puerta y grita uno, no sé quién: ¡O8 vuelve a las cuchas! O8 era yo. Y fue la última vez que los vi”.

Ellos formaron parte de la masacre de Monte Grande. Ella no: era la única embarazada del grupo. “Me volvieron a atar y a mí me agarraron unas ganas de llorar, de gritar, ya no me importaba nada y en ese momento Violeta (Irma Beatriz Sayago) se alcanzó a sacar la esposa y vino a mi cucha con un enorme riesgo y sacudiéndome me dijo: ‘Elena, date cuenta de que sos la única que tiene posibilidades de contar esto’, y eso fue como una paz y ésas son las palabras que tuve en cuenta para resistir y salvar la vida.”

A mediados de mayo empezaron la construcción de la Sala Q. A Elena la llevaron ahí. La hacían trabajar en la Jefatura: limpiar, hacer café, mate y también las ponían a hacer las listas: nombre, nombre de guerra, organización y el nombre en El Vesubio. Durán Sáenz era el jefe pero en ese momento dormía en el CRI (Central Reunión de Inteligencia) en La Tablada. Ella pasó a ser parte de sus propiedades. El 20 de junio era feriado, pero él no se fue como hacía todos los fines de semana a escuchar misa y ver a su familia: “Ese 20 de junio no se fue, yo estaba en la jefatura con Elsa, me dijo que preparara algunas ropas, me iban a trasladar, y me mete en un auto, me lleva al Regimiento de La Tablada, a su cuarto, me viola, me deja todo ese día atada a la cama”.

La dejó sin comer ni beber, atada a la cama. A la noche, dos de los guardias la devolvieron a El Vesubio. A fines de octubre, el embarazo estaba a término. En el centro había preparativos porque llegaba una autoridad de los campos: se hacía limpieza, había corridas y nervios. “¡Si no te salvás hoy que viene el jefe, no te salvas más!”, le dijo algún guardia. El jefe era Guillermo Suárez Mason. Ella se quedó en la Jefatura, escuchó que leían los nombres de la Sala Q, iban uno por uno: “Cuando llegaron a mí, escucho que dicen: ‘La tenemos acá’”. ¿Quiere verla?, le preguntaron. ¿La tabicamos? Suárez Mason la vio a cara descubierta. “Nunca olvidaré la cara de odio”, dijo ella. Suárez Mason le preguntó si sus padres sabían del embarazo, ella dijo que sí. Le preguntó entonces si no quería dejar a su hijo con una familia de militares.

“Para mí fue una pregunta trampa”, dijo Elena. Y recordó su mentira: “No señor, porque yo señor soy de educación católica, hice la escuela en María Auxiliadora y me han enseñado que la cruz tenemos que asumirla”.

La miró. Y le dio “inmediata libertad”.

Salió de El Vesubio alrededor del 2 o 3 de noviembre. Hacía mucho tiempo su médico le había dicho que la fecha probable del parto era un día después.

El testimonio continúa hoy. Elena pidió además que se declare delito de lesa humanidad a la violencia sexual hacia las mujeres.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Los otros efectos del terror

El testimonio de Gabriela Fernanda Taranto, hermana de una desalarecida en El Vesubio"

En mayo de 1977, Rosa Taranto, embarazada de siete meses, fue secuestrada junto a Horacio Altamiranda y su hermana mayor. Ella nunca apareció; su hermana sí, pero murió a los 39 años. Cristian, hijo de Rosa, también falleció trágicamente.
Por Alejandra Dandan

El presidente del Tribunal Oral Federal 2 porteño le pidió que contara todo lo que supiera sobre el secuestro de su hermana Rosa Luján Taranto, una de las 154 víctimas del centro clandestino El Vesubio. Gabriela Fernanda Taranto se había sentado en la sala de audiencias de Comodoro Py, donde estos días se reinician los debates orales en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura. Como pudo, empezó a explicar lo que pasó ese 13 de mayo de 1977, en un barrio obrero de Florencio Varela, cuando ella tenía entre cinco y seis años: “Mi hermana vivía con su marido y dos nenes y estaba embarazada de siete meses”, explicó. “La noche que desapareció, por lo que después nos dijo mi otra hermana que estaba con ellos, entraron y rompieron todo, sacaron a los chicos, una persona agarró la foto del abuelo paterno, se la dio a un vecino y le pidió que se los entregara a ellos. Después los encapucharon, los subieron a los autos y se los llevaron.”

Con muchos de los datos en blanco y una historia armada con borradores, Gabriela dijo que mientras tanto ella estaba en la casa de su madre, en el barrio La Carolina, cerca. Su hermana Rosa vivía con Horacio Altamiranda en Villa Mónica, un barrio obrero; él era delegado en una fábrica y ambos militaban en el PRT-ERP. Cuando los secuestraron, la tercera hermana estaba con ellos y se la llevaron también. Primero, posiblemente, a la comisaría de Florencio Varela y luego, a El Vesubio. Tenían 19 y 20 años.

“Lo que no sé es cuántos días pasaron –dijo–, porque una madrugada apareció mi hermana mayor descalza, golpeando la puerta de casa, diciendo que se habían llevado a mi otra hermana.” Llovía, recordó. Y no dijo más nada. Esa hermana les contó que se los habían llevado secuestrados. “No sé por qué a ella la largaron, lo que nos contó es que sintió el ruido de una tranquera y ruido de campo, digamos, era lo único que nos decía, no tenía más precisión.” Esa hermana más grande murió de HIV a los 39 años. Cuando la fiscalía intentó preguntar a Gabriela si creía que también eso era una consecuencia de lo que había pasado, dijo: “Obvio”.

“Yo estaba en primer grado. Una noche estaba con mi mamá, estábamos solas, entraron. Me acuerdo patente del coche porque la casa estaba como en un descampado, se sentían de noche los ruidos, el ruido del auto, portazos, botas y bueno: la puerta voló.” Gabriela estaba acostada. “Me acuerdo de uno arriba de la cama, con la ametralladora me estaba apuntando en la cabeza, los otros tiraban ropa, fotos, buscaban armas, no sé si mataron al perro de mi hermana que se había traído mi mamá.” Se fueron, pero ellas empezaron a ser vigiladas. “Cuando mi mamá fue a la comisaría de Florencio Varela a preguntar, le dijeron, disculpe la expresión –aclaró–, que se dejara de romper las pelotas, que no la busque directamente.”

Recorrieron hospitales y comisarías. Presentaron hábeas corpus. Y volvieron a escuchar los golpes en la casa: “Esta vez fue más fuerte. Entraron tirando todo, golpeando más violentamente; me volvieron a apuntar con una ametralladora en la cabeza, le dijeron a mi mamá que se dejara de romper las pelotas, que no la busque más porque no existía”. Si seguía adelante, iban a matar además a la mayor, que a esa altura por seguridad vivía con su padre. Y a la “guachita esa que tenés en la cama”.

“Mi mamá siguió buscándola por todos lados pero nunca más supimos nada –dijo Gabriela–: tenía un amigo, pero tampoco lo vimos más, nunca más volvió. Directamente, como si se lo hubiese tragado la tierra.”

Gabriela supo algo de lo que sucedió con su hermana a través de las pocas sobrevivientes de ese año en el centro clandestino. Entre otras, Susana Reyes, que también estaba embarazada. “Me contó que las dos, entre comillas, se hicieron amigas y charlaban mucho; que les habían cortado el pelo por los piojos; que con la panza que tenían la ropa les quedaba muy ajustada; que dependía de las guardias si podían bañarse o comer.” A Rosa la trasladaron a dar a luz a la maternidad clandestina de Campo de Mayo. “Me contó Susana que Rosa estaba contenta porque le habían dicho que cuando naciera el bebé se lo iban a dar a mi mamá, cosa que nunca pasó.”

Alguna de las sobrevivientes del campo dijo además que pese a que ese bebé estuvo poco tiempo con Rosa, ella alcanzó a llamarla María Luján. Luego se la quitaron. Se supo que el Movimiento Familiar Cristiano la entregó en adopción; una familia la adoptó legalmente y, ya con el nombre de Belén, la alentó a que buscara sus orígenes. En 2005, ella llamó al 0800 de Abuelas de Plaza de Mayo; en 2007 se estableció su identidad y hoy trabaja con Abuelas de la provincia de Córdoba.

Sus dos hermanos más grandes, Cristian y Natalia, terminaron la noche del 13 de mayo en lo de sus abuelos paternos. Irma Rojas los crió pero Cristian –dice ahora la abuela– siempre estaba caído, como preguntándose para qué vivía sin la presencia de sus papás. Dejó a la abuela. Una y otra vez caía detenido. La última vez cayó preso en la comisaría de Florencio Varela, tal vez la misma que una y otra vez aparece en el relato de su tía, donde podrían haber estado sus padres secuestrados antes de El Vesubio, donde su abuela había ido a preguntar por ellos y escuchó aquello de “déjese de hinchar las pelotas”. Irma Rojas no sabe todavía bien qué es lo que pasó esa última vez. Hubo un incendio: “Dicen que empezó con un cigarrillo, y se quemaron los colchones, eso me dijeron en la comisaría. Cuando me llaman del hospital y voy, me dicen que él estaba muy mal y quemado, que los colchones están hechos con un material que se quema en un minuto, tenía las manos quemadas, las piernas, la cara, pero más fue por el humo que tragó”, le cuenta a Página/12. Cristian murió a mediados de los ’90, dos días después del incendio. Su abuela cree que el humo potenció un problema que había empezado a tener en los pulmones por los golpes recibidos cada vez que la policía lo detenía.

Nadie preguntó si todo esto debe medirse entre los efectos de la represión. Hasta ayer, Cristian era uno de los nombres que aparecían entre los “prófugos civiles” del registro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.