El Tribunal Oral Federal N° 4 sentenció a los genocidas Jorge Crespi,
Federico Minucucci, Néstor Cendón y Gustavo Adolfo Cacivio a la pena de prisión
perpetua por su participación en el centro clandestino El Vesubio.
Los cuatro represores fueron condenados como co autores de los delitos
de privación ilegítima de la libertad, homicidios, violaciones y tomentos. No
obstante, el tribunal no hizo lugar a la solicitud de la querella de Justicia
Ya!, que solicitó la condena por genocidio, a pesar de que el país ha
incorporado tratados que hacen aplicable esa calificación. La decisión de
evitar ese encuadramiento excede el plano jurídico. Un plan sistemático de
exterminio encabezado por las Fuerzas Armadas que deja un saldo de 30.000
desaparecidos es un genocidio, si es que las palabras aun conservan algún
valor. La resistencia judicial a darle ese encuadramiento a los crímenes de la
dictadura implican un encubrimiento de la historia de nuestro país.
Por otra parte, el tribunal hizo lugar a la ampliación de acusación
solicitada por homicidios, -entre ellos, los de Julio Diego Guagnini, hijo de
la fallecida dirigente de familiares Cata Guagnini, y de Luis Pérez, de
Vanguardia Comunista-, pero sólo aceptó incorporar dos casos de delitos
sexuales de los once que fueron denunciados por los sobrevivientes en el curso
del debate.
Por último, el TOF 4 decidió mantener la prisión domiciliaria de
Minicucci y Crespi, a pesar de la solicitud de cumplimiento efectivo de condena
en cárcel común. Uno de los genocidas acusados, José Faustino Svencionis,
falleció pocos días antes del alegato de nuestra querella.
En el campo de concentración El Vesubio, participaron una centena de
genocidas. El listado de represores fue entregado por los compañeros ex
detenidos desaparecidos sobrevivientes a la Justicia a penas reiniciados los
juicios por los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, entre el primer juicio
por esta causa -que tuvo sentencia en 2011- y este que acaba de finalizar,
fueron juzgados apenas once genocidas. El juez de instrucción a cargo, Daniel
Rafecas, aún no elevó a juicio estas actuaciones por lo que un nuevo tramo de
la causa, que se realizará en no menos de dos años.
La justicia a cuentagotas garantiza impunidad.
(apel)
